Comunicado Asociación Profesional de la Magistratura ante Borrador de Ley de Transitoriedad

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Ante las noticias difundidas ayer en relación con un borrador de Ley de Transitoriedad, la Asociación Profesional de la Magistratura quiere hacer constar:

    1. Los Jueces debemos mantener una posición de neutralidad en el debate político. Indudablemente, el conflicto entre el Estado, por un lado, y, una parte importante de los catalanes y de los partidos políticos que los representan, por otro lado, es político. Por lo tanto, los jueces debemos mantenernos neutrales en tal debate, siempre que el mismo se mantenga en los amplios límites que la Constitución establece.
    2. Sin embargo, los Jueces también tenemos el deber ético de denunciar aquellas situaciones que ponen en peligro la democracia y las libertades fundamentales de las que disfrutamos.
    3. Pues bien, en el marco de aquel conflicto, la aprobación de una Ley como la denominada “Ley de Transitoriedad Nacional”, con el contenido del borrador publicado, supondría un ataque intolerable al Estado Democrático y de Derecho, un acto de <<totalitarismo independentista>>, dirigido a imponer por la fuerza de los hechos una determinada solución del conflicto a todos los catalanes, soberanista o no, y al resto de españoles, sin legitimidad democrática alguna y en contra de la legalidad constitucional.
    4. Los promotores de esta Ley parten de una premisa falsa: que legalmente se puede pasar de una legalidad constitucional a una nueva legalidad catalana. Esta premisa es falsa porque ni el Parlament de Cataluña ni las Cortes Generales pueden abrogar la Constitución española, ni tan siquiera modificarla sin seguir el procedimiento previsto en la propia norma.
    5. Si alguien ha confundido la prudencia con la indiferencia, la equidistancia o incluso la anuencia, se equivoca. La sociedad puede tener la seguridad de que los Jueces no abdicaremos de nuestro compromiso y actuaremos siempre con independencia y sujeción exclusiva a la Constin y a la Ley, en garantía de los derechos de los ciudadanos, de la mayoría y de la minoría.

Madrid, 23 mayo de 2017

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