Reunión de la Comisión Permanente. 18 de noviembre de 2016

En la mañana del día 18 de noviembre se reunió la Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, en el Salón de Actos de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además del contenido informativo a que viene obligado el Comité Ejecutivo para ante el máximo órgano de la Asociación entre Congresos, a esta reunión se unía el interés de ir formando criterio sobre determinados ámbitos de actuación, todos ellos de relevante importancia. Alguno -como el desarrollo de la reforma estatutaria- por la importancia esencial que proyecta en el ámbito interno. Otros, como los que se centran sobre las reformas legislativas, por el momento al que asistimos, de inicio de una nueva legislatura a la que la APM pretende contribuir, como viene haciendo siempre, con propuestas de objetivos tendentes todas ellas a la mejora de la Justicia; en algún caso, de urgente desarrollo.

Del contenido de la reunión damos cuenta seguidamente, recogiendo de modo sucinto las principales cuestiones que fueron objeto de debate. Como siempre, desarrollado a través de una participación enriquecedora en argumentos, viva en el contraste de opiniones, y ponderada en atención a las cuestiones que se sometían a la reflexión.

La sesión fue iniciada con la información a la Comisión por parte de los miembros del Comité Ejecutivo sobre las actividades desarrolladas en cada una de las respectivas áreas de trabajo, pues ya la víspera, el Presidente de la Asociación había dado cuenta a los miembros de la Permanente del informe que podéis encontrar en el resumen del Comité Ejecutivo publicado en esta misma página.

De acuerdo con el orden del día de hoy, a la Comisión se le presentan para debate los distintos documentos elaborados a lo largo de estos últimos meses por los grupos de trabajo constituidos en materias de:

– Reforma de los estatutos de la Asociación,

– Estatuto orgánico judicial,

– Igualdad y conciliación,

– Reformas legislativas (civil, penal y contencioso-admtivo)

– Seguridad y salud laboral

Resalta Manuel Almenar que no se trata en la presente reunión de aprobar propuestas congresuales. Se trata de valorar los documentos presentados con el fin de ir madurando ideas que deben ser enriquecidas con las aportaciones de todos. A tal fin se validarán todas aquellas materias o conclusiones que alcancen ya, sin necesidad de mayor debate, un amplio consenso o aceptación por parte de la asamblea, sometiéndose las restantes al proceso de debate y consulta que resulte necesario a fin de que pueda reflejarse en todas ellas el verdadero sentir de la Asociación amparado en el mayor respaldo posible.

INFORMES POR ÁREAS DE GESTIÓN

En lo que se refiere al área de Acción asociativa se informa a los miembros de la Comisión Permanente del destacado número de altas que se han producido a lo largo de este año, que mantiene un ritmo de crecimiento que merece resaltarse, contando la APM a día de hoy con 1321 asociados/as.

Asimismo se informa sobre el desarrollo de la puesta en práctica del Programa de Becas para preparación de oposiciones de acceso a la carrera judicial, impulsado en el marco del convenio suscrito con el Banco de Santander. Se ha cubierto toda la oferta, con una amplia distribución geográfica por el territorio nacional, y se trata de expandir el programa de cara al futuro, logrando incluso patrocinios de otras entidades.

En materia de subvenciones se hace una llamada a todas las Secciones para incrementar el número de actividades computables, puesto que la última valoración a efectos de subvenciones ha supuesto una ligera disminución con respecto al cúmulo de actividades que deberíamos alcanzar.

Por último, se pone también en conocimiento de la Comisión Permanente la oferta de seguro médico recibido de la Clínica Universitaria de Navarra, que se difundirá con detalle para valorar el grado de aceptación que tendría a fin de poder concertarlo.

En el Informe de situación económica, se da cuenta por el tesorero de la Asociación del estado de cuentas y se avanzan también las cifras calculadas del presupuesto del año próximo.

A la vista del baremo de actividades subvencionables que se adjunta en la documentación de la reunión, se solicita de las Secciones territoriales que procuren intensificar las actividades que se realizan en todas ellas y, sobre todo, que las comuniquen a la sede central para llevar un más adecuado control. En cuanto al destino de los fondos obtenidos como subvención, se estudiará la realización de un retorno parcial a la Sección que realice la actividad.

Se publicará en la intranet de la web una hoja indicativa a fin de que todas las Secciones puedan ir programando una agenda de actividades.

En el Área de Internacional, se informa de la celebración del próximo mes de marzo del Congreso Ibérico, entre Jueces España y Portugal de todas las asociaciones judiciales, y que versará sobre las mesas de estudio que se detallan en el resumen de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en el día de ayer. El lugar de celebración sería Madrid, con quince participantes por asociación. Se espera poder logar un coste cero, contando con las subvenciones y patrocinios de la actividad.

A raíz del último Congreso de la UIM surgió también la iniciativa de celebración de una reunión en España del Grupo Iberoamericano, con temas de debate en el ámbito de los  Derechos humanos y el Medio ambiente. Como sede para su realización, tras la información puesta de manifiesto, se aprueba por la Comisión Permanente la ciudad de Valencia.

En cuanto al Área de Formación se participa a los asistentes que pese a haberse trasladado al Consejo General del Poder Judicial el mayor número de propuestas de cursos para el Plan Estatal de entre todas las asociaciones, el resultado no es de recibo. No se vieron acogidas al final muchas de estas iniciativas más allá de la comisión pedagógica. Es necesario indagar por qué razón las propuestas de formación presentadas por la APM tienen una acogida inferior a las que proceden de otras asociaciones. Quien decide esta selección y con arreglo a qué criterios.

Por otra parte, ante el debilitamiento que viene sufriendo el modelo actual de formación continua, en el Consejo se ha abierto un debate en torno a la vinculación entre formación continua y especialización, que se articularía a través de un sistema de créditos cuya superación permitiese acceder a la condición de especialista. Se abre un debate a continuación sobre esta propuesta, con el fin de elaborar un informe para su traslado al Consejo. El debate que se desarrolla presenta posiciones a favor y en contra. Cuestiones como los criterios de selección de las actividades computables, las materias, la dirección de cada actividad, su valoración, las posibilidades de seguir este cauce en función de la carga de trabajo que soportan unos y otros órganos judiciales etc, dan paso a un intercambio de opiniones muy diverso. Desde quien no encuentra adecuado este sistema (defendiendo el de superación de pruebas específicas actual) hasta quien cuestiona la necesidad de realizar una especialización en materia civil y penal, las reflexiones que se van intercambiando son muy numerosas.

Por el responsable del área se pone de relieve que la Ley Orgánica del Poder Judicial ya contempla la especialización civil y la penal. Esto es una realidad. Por lo tanto, lo que debemos analizar es cómo entendemos que ha de materializarse. No se trata, en absoluto, de aceptar que la asistencia a un determinado número de cursos del Consejo proporcione esa condición de especialista. Estamos ante otro diseño: un sistema de créditos, que pueden ir obteniéndose por muchas vías. No olvidemos que el TS anuló las pruebas de especialización que realizó el Consejo anterior “por la vía rápida” y sin soporte de ley. No podemos quedar al margen de este debate, y para ello, finalmente, la Comisión Permanente acuerda la formación de un grupo de trabajo, que coordinará Antonio Recio.

En cuanto a Nuevas Tecnologías, se resumen por parte del responsable del área el Informe remitido por correo electrónico en el día de ayer sobre “Justicia Digital”, dando lugar a un debate en el cual por los distintos asistentes se ponen de manifiesto una vez más las diversas deficiencias que se padecen. Además de cuestiones concretas sobre los medios disponibles, la estructura de la documentación y los procesos, su manejo, etc., se incide sobre otra diferencia muy grande, que es la que existe entre las CCAA que dependen del Ministerio de Justicia y las que tienen competencias transferidas, en algunas de las cuales el estado de implantación de las nuevas tecnologías es abrumadoramente inferior; en particular, en Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.

Desde el Área de defensa jurídica se informa a la Permanente de las actuaciones que se están llevando a cabo en la prestación de asesoramiento y defensa técnica de algunos compañeros inmersos en procedimeinto disciplinario, así como del impulso de recurso contencioso-administrativo en materia de abono de complementos de destino a los Jueces de Adscripción Territorial.

Sucede a la intervención anterior un intenso debate en cuanto al Código Ético que pretende impulsar el Consejo General del Poder Judicial a raíz de la reciente publicación y difusión (www.poderjudicial.es / Portal de Transparencia) del documento de Principios Éticos de la carrera judicial.  Se sostiene por parte del Consejo que es un desarrollo que viene obligado en función de documentos y recomendaciones internacionales, y lo ha materializado en una serie de puntos a modo de principios de actuación diaria, que no invalidan los procedimientos ni entran en la esfera disciplinaria. No tienen consecuencias jurídicas. Como asociación debemos adoptar una postura.

Algunas intervenciones no ven ninguna necesidad de establecer un Código Ético para la carrera judicial, sino más bien debería comenzar el propio Consejo por establecer sus propias reglas en este ámbito. Los Jueces ya tenemos unas normas éticas, que vienen dadas por la regulación de nuestro régimen disciplinario. Se destaca la rigidez de nuestro sistema disciplinario, mucho más exigente que en cualquier otro colectivo del ámbito público. Carece de sentido además, si no tiene virtualidad jurídica, y sin embargo abre el riesgo de que se trate de introducir en la discusión procesal. En lo que debe de incidirse es en un buen establecimiento y seguimiento del régimen de incompatibilidades, pero lo que no puede ser corregido penal o disciplinariamente debe quedar reservado para otro plano.

En otras intervenciones –las menos- se considera que deben distinguirse casos y casos. Baste recordar los casos de Jueces que han participado en tertulias con excesos, o en actividades patrocinadas por empresas o entidades que han terminado encausadas por delito; también en el ámbito de la formación en actividades organizadas y pagadas por despachos profesionales, por no referirnos a recientes casos de compañeros inmersos en asuntos judicializados. En otros países existen este tipo de códigos de principios y se ve con normalidad. No podemos confundir la desconfianza que tenemos en nuestro órgano de gobierno con el que podamos darnos nosotros mismos un Código Ético que sabemos que vamos a cumplir. Oponernos sería un error.

Tras un interesante debate, se constata la existencia de evidentes reservas sobre la necesidad de ese Código Ético. Por descontado que la APM elaborará el informe que se le solicite por el Consejo General del Poder Judicial. Se difundirá a todas las Secciones el borrador de informe para recibir aportaciones.

En el Área de Jueces jóvenes se destaca el cumplimiento de todos los objetivos expuestos en la Comisión Permanente del pasado mes de febrero: incremento de las afiliaciones, implantación de la Red de acogida, elaboración del manual de primer destino. Se da cuenta también del desarrollo de las Jornadas de Jueces Jóvenes celebrada en Valencia el pasado mes de octubre, con un expreso agradecimiento a la Sección Territorial de Valencia por el trabajo realizado y la atención dispensada a los asistentes a las Jornadas. Asimismo se comenta el resultado de la visita realizada a la Escuela Judicial para exponer a los integrantes de esta última promoción los objetivos, funcionamiento y actividades de la APM. Debe destacarse el balance favorable de esta visita, en la que se hizo entrega a los Jueces de un pen drive con modelos procesales y jurisprudencia. Al hilo de esta cuestión se recuerda a las Secciones territoriales que esta promoción inicia en los próximos días la fase de prácticas tuteladas; debe contactarse con los/as Jueces que resulten destinados a cada territorio para ponernos a su disposición.

DEBATE DE LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA APM.

Además de remitirse al cuadro comparativo de modificaciones que ha sido distribuido previamente, se desarrolla a continuación un debate que se centra –por las intervenciones de los miembros de la Permanente- sobre tres cuestiones principales:

– Representación de las Secciones en la CP Permanente.

– Elección de Presidente de la Asociación.

– Consultas a los/as asociados.

– En cuanto al primero de los puntos, se abre el debate poniendo de manifiesto algún asistente que ha de madurarse más el nuevo sistema. Así como para aquellas decisiones que se adoptan por consenso no presenta problemas, en otras situaciones puede presentar alguna dificultad. Las Secciones minoritarias siempre han sido integradas, y ahora se cambia notablemente el peso representativo. En la misma línea se pronuncian quienes consideran que con el nuevo sistema propuesto, las Secciones de pequeña población, y por lo tanto forzosamente menos asociados, pierden peso notablemente en la Comisión Permanente. Las secciones minoritarias, por muy bien que se hagan las cosas, tienen un techo de crecimiento. El que tengan una representatividad adecuada es esencial.

Otras intervenciones resaltan que siempre seremos una sola Asociación, no un conjunto de territorios, lo que lleva a compartir la filosofía de los nuevos estatutos y la representación proporcional. También el contrapeso territorial debe reflejarse en la ejecutiva. Este es el momento para conseguir que cada asociado tenga un voto.

– Sobre la Elección del Presidente se destaca la necesidad de un programa a presentar por los candidatos, iniciándose el debate con pronunciamientos a favor del sistema que se propone en el documento del grupo de trabajo, que facilita el que cada asociado pueda votar con plena información previa y así no llegar al Congreso “a ciegas”. Con el nuevo método se logra el desarrollo de una campaña por parte de los candidatos, y que los asociados dispongan de tiempo para la reflexión, comparación de programas, etc.  En la época de las nuevas tecnologías es muy fácil lograr que cada asociado pueda votar con pleno conocimiento. El asociado debe ser el protagonista de las decisiones, y no tanto el Presidente/a de la Sección territorial quien decida en el Congreso.

Otras intervenciones apuestan por una apertura en el sistema de elección de Presidente, pero a su vez con matices, pues de este modo el Congreso puede quedar debilitado. El candidato puede resultar menos conocido. En un Congreso se escucha a los candidatos en directo, lo cual tiene suma importancia.

– En torno a las consultas a los asociados sobre temas de interés general se suceden también algunas intervenciones. Partimos de la base de que estas consultas no deben ser vinculantes. Pero además de plantearse por ejemplo qué cuestiones serían objeto de consulta, se reproduce el argumento en torno al peso que podrían tener en la formación de criterio las Secciones de mayor extensión, lo que a su vez conduce a la reflexión sobre el valor de estas consultas. Hay quien sostiene también que podríamos pensar no sólo en la figura de los/as asociados, sino en dar entrada por esta vía a la opinión de los simpatizantes de la Asociación.

Además de otras cuestiones que se plantean con menor intensidad, como la suspensión de la condición de asociado por impago de cuota (medida que se considera desproporcionada dados los problemas que pueden encontrarse a veces en su origen), en torno al debate suscitado concluye el Presidente de la Asociación con el agradecimiento de todas las aportaciones. Reitera que el fin de esta reunión era poner en común todas estas ideas, que –como es lógico- por su importancia es difícil aquilatar en una sola sesión. Disponemos de tiempo suficiente para seguir madurándolas a la vista de las diversas opiniones, y mejorándolas para poder llegar al próximo Congreso con textos más depurados. Por ello pide que se reflexionen en los distintos territorios, que se promueva la participación en el debate y que se hagan llegar al Comité Ejecutivo (para su traslado a los grupos de trabajo) todas las reflexiones y propuestas alternativas que se consideren oportunas.

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN.

Como cuestión marco se plantea –de acuerdo con el orden del documento- la mejora de la redacción del párrafo primero de la página 4, donde parece condensarse a modo de principio una conclusión de preferencia absoluta de género. Se sostiene en el texto que en condiciones de igualdad, ante la duda el nombramiento debe favorecer a la mujer y se afirma al mismo tiempo que lo que se pretende es que la persona elegida sea la mejor para ese puesto. Se acuerda trasladar al grupo de trabajo el encargo de revisión del párrafo a fin de que se elimine el concepto de la duda y se explique mejor el principio. Por otra parte, la Comisión Permanente se muestra partidaria, en cuanto a la proposición de reforma de la excedencia voluntaria (Pág. 5 párrafo segundo) del mantenimiento de las comisiones de servicio pero la retirada de la referencia a los concursos.

Sin perjuicio de otras matizaciones, se concluye con una opinión favorable al documento presentado, que una vez corregido por el grupo de trabajo en las líneas apuntadas deberá ser objeto ya del debate definitivo.

ESTATUTO ORGÁNICO Y DERECHOS PROFESIONALES.

José Ramón Solís da cuenta del cúmulo de cuestiones que se abordan en el documento difundido, de diversa naturaleza y alcance. Se comprende que, por su calado, es conveniente no sólo disponer de mayor tiempo para su estudio, sino que también, a la vista de las intervenciones producidas, es necesario ajustar la redacción de alguno de sus puntos. Por ello se adquiere el compromiso de difundir en breve una nueva versión, más revisada, que será sometida a debate.

REFORMAS EN MATERIA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

La exposición que realiza del contenido del documento José Ramón Solís incide en que, al margen de su estructura técnica, la finalidad que se persigue es que se tome conciencia en el Consejo de que determinadas enfermedades nos afectan con más incidencia, y ello tenga traducción en el tratamiento orgánico judicial.

GRUPO DE REFORMAS LEGISLATIVAS EN EL ÁMBITO CIVIL.

Se expone el documento elaborado por el grupo de trabajo por parte de Antonio Recio, resaltando que se incide esencialmente en modificaciones que afectan a las materias de obligaciones y contratos, hipotecario y consumidores.

Por parte de la Comisión Permanente se comparte el documento, siendo de todos modos el sentir general el de la necesidad de suprimir los apartados A y D del Punto 2 (Reformas procesales).

GRUPO DE REFORMAS PENALES.

Se aprueban las líneas de trabajo contenidas en el documento, sin perjuicio de cuanto pueda resultar del nuevo diseño de proceso penal que se anuncia si se atribuye la instrucción al Ministerio fiscal.

GRUPO DE REFORMAS EN MATERIA CONTENCIOSO-ADMTIVA.

Se aceptan los contenidos del documento difundido, pero incorporando las observaciones plasmadas en el informe presentado por la Sección Territorial de Cataluña, que asimismo ha sido distribuido por correo electrónico.

ELECCIÓN JUDICIAL DE VOCALES DEL C.G.P.J.

De cara a una nueva legislatura como la que ahora comienza, la APM no puede dejar se pronunciarse sobre lo que ha sido siempre –desde una incontestable coherencia- una de sus reivindicaciones esenciales, por considerar que la elección judicial, por Jueces y Magistrados, de los Vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial es el sistema que responde verdaderamente al texto constitucional.

Por ello, sin perjuicio de aquilatar el conjunto de cuestiones de diseño, procedimiento y regulación inherentes al ámbito electoral -como las que se han apuntado tan sólo a título indiciario en el informe del Presidente- se deja constancia del sentir unánime de la Comisión al reiterar la necesidad de modificación y reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar este sistema de elección directa de los Vocales judiciales del Consejo.

Ha sido siempre la posición esencial de la APM y recientemente no puede desconocerse el hecho de que se ha logrado unir a esta tesis a las demás asociaciones.

Con ello se da por concluida la sesión.