Sobre el lenguaje jurídico

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Celso Rodríguez Padrón
 
SUMARIO.-
 
I.- INTRODUCCIÓN
II.- LAS LIMITACIONES DE UN LENGUAJE TÉCNICO
III.- RIGOR VS CLARIDAD
Sujetos del lenguaje jurídico
El lenguaje judicial en particular
Exigencias del lenguaje jurídico
La argumentación
La lógica
IV.- ESPECIALIDADES  EN EL LENGUAJE JURÍDICO
El lenguaje fáctico y el lenguaje interpretativo
El lenguaje en la regulación del proceso.
V.- BIBLIOGRAFÍA

I.- INTRODUCCIÓN.-

Forma ya parte de los tópicos cuando hablamos de lenguaje atribuir al jurídico una dosis de hermetismo que lo aleja del concepto básico de lenguaje comunicativo “normal”. Parece que no está pensado, o cuando menos no se emplea, con vocación de generalidad, y es mucho más frecuente de lo habitual escuchar que una sentencia (documento por excelencia donde se concentra el lenguaje jurídico) ha de ser traducida a quien fue el protagonista de un proceso judicial por el técnico cuyos servicios contrató para ser defendido: su abogado.

Un documento necesitado de traducción, cuando se expresa en el idioma común, podríamos pensar que o bien es de otro tiempo o está mal elaborado. En el peor de los casos, ambas cosas.

Recientemente, con ocasión de la celebración en Paraguay el pasado mes de abril de la XVIII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el debate se vio animado por cuanto entre las conclusiones de la Declaración final aprobada por los representantes de los Poderes Judiciales de los Estados integrantes de la Cumbre se aconseja el desuso del latín en las sentencias y demás resoluciones judiciales. La recomendación puede ser objeto de diferentes lecturas causales, pero sus efectos indiscriminados no parece que puedan tener un recorrido mucho mayor que el del los buenos deseos.

Anécdota aparte, normalmente la aproximación que uno se imagina al debate sobre el lenguaje jurídico pone el acento en la censura de oscuridad hacia quienes lo emplean. Sin restar veracidad a esta postura hemos de dejar constancia de que la realidad nos enseña también que algunas veces se utiliza esta idea preconcebida para excusarse ante conductas reprochables. Particularmente en el ámbito penal es frecuente oír (y leer) como argumento de defensa la falta de familiaridad con el lenguaje jurídico de quien comete el delito de quebrantamiento de medidas cautelares. Son muy numerosos los ejemplos de quien alega que no entendió la verdadera dimensión de la prohibición de acercarse a un determinado lugar o a una distancia concreta.
A las principales características de este fenómeno se dedica esta intervención. Trataremos de abordar tres ideas esenciales: partiendo de las limitaciones que por naturaleza presenta un lenguaje técnico, defenderemos la necesidad de la claridad sin traicionar al rigor.

Uno de los reproches más comunes que se hace a las tesis de Montesquieu sobre su concepción de la función judicial es que asigna a los Jueces una posición poco activa en la aplicación del Derecho. Recordemos que en su Espíritu de las Leyes, obra de incuestionable trascendencia política, el autor venía a definir al Juez solo como la boca que pronuncia las palabras de la ley. Aún siendo conscientes de que la atención del autor recaía preferentemente en los mecanismos de control del poder, se ha visto en esta lectura una consideración incompleta de la función judicial, por cuanto la aplicación del Derecho llega mucho más lejos.
“Jurisdicción” no hace falta recordar que etimológicamente implica la capacidad de “decir el Derecho”, y esta potestad es la que tienen atribuida constitucionalmente los Jueces: la potestad jurisdiccional. Pensemos por lo tanto ya desde este punto de vista en la importancia que reviste el lenguaje para los integrantes del Poder Judicial.

Pero no van a ser los únicos que tengan reflejo en el análisis de los problemas que suscita el lenguaje jurídico. Al fin y al cabo los Jueces están sometidos al imperio de la ley, y la ley se expresa con palabras.
De ahí que también debamos hacer referencia al legislador en las siguientes reflexiones, retornando indefectiblemente a la labor creativa del Derecho que en tantas ocasiones asumen los tribunales ante lo que son carencias, lagunas o imprecisiones de la ley en un mundo donde la realidad supera en tantas otras ocasiones a la previsión normativa.

Desde este punto de vista, no eludiremos la cuota de responsabilidad que en el mayor o menor acierto en el empleo del lenguaje jurídico nos corresponde a los Jueces. Pero insistimos, no son los únicos que debemos esforzarnos en esa tarea tan necesaria como demandada, de hacer comprensible lo que las normas dictaminan para su destinatario: la sociedad.

II.- LAS LIMITACIONES DE UN LENGUAJE TÉCNICO.-

Ni por asomo cabe dudar sobre la naturaleza eminentemente técnica del lenguaje jurídico. Aborda conceptos acuñados a lo largo de la historia del derecho, que si bien se construyen con las palabras del idioma común, alcanzan en muchas ocasiones un nivel de complejidad más que considerable. Pero no es solo el componente histórico el que determina esta complejidad. Muchos de los conceptos y categorías que se manejan en la construcción del lenguaje jurídico precisan elementos muy concretos de la voluntad, de las relaciones humanas, de la dinámica económica, empresarial; se adentra en otras ciencias, se reconducen al marco normativo situaciones o premisas abstractas, y todo ello ha de traducirse en el reconocimiento o denegación de pretensiones, que también en numerosos casos encadenan variadas aspiraciones de quien cree tener a su favor la razón.

Sería interminable el catálogo de expresiones a citar como usuales en el texto de nuestras sentencias, y estimo que de poca sintonía con el lenguaje ordinario, comprensible para un lector de cultura normal (ya no digamos moderada).

“La conexión de antijuridicidad en relación con la prueba derivada”. “La preterintencionalidad”. “El saneamiento por evicción”. Como hemos dicho, interminable.

Los propios tribunales somos conscientes de que en no pocas ocasiones se incurre en esta oscuridad expresiva que se nos atribuye con frecuencia. Incluso entre nuestros propios pronunciamientos encontramos ejemplos opuestos acerca de los términos (o del estilo) en que deben expresarse los órganos judiciales.

1.- Como mero ejemplo de exigencia de rigor podemos citar, la SAP de Valencia de 22 de mayo de 2015 (ROJ: SAP V 1574/2015)

“Que no está fundada en Derecho resulta evidente a la vista de que la determinación de dicha cuantía y extensión no se ha realizado conforme a las pautas que para ello establece el citado precepto penal, sino en virtud de un razonamiento por completo extraño a las mismas y más propio del lenguaje coloquial que del lenguaje jurídico que cabe reclamar de los órganos judiciales…”

2.- Al contrario, en sentido crítico hacia el exceso podemos citar la SAP de Tarragona de 7 de julio de 2015 (ROJ: SAP T 874/2015), que resolviendo un recurso de apelación contra otra sentencia de un Juzgado de lo Penal nos dice:

“la sentencia de instancia incurre en graves ambigüedades de significado, derivadas de una sintaxis tortuosa. Se utilizan en la misma párrafos interminables en los que, además, se hace uso de subordinaciones e incisos incrustados, así como de fórmulas perifrásticas que dificultan y hasta impiden conocer el hilo argumental, lo que de forma irremediable provoca ambigüedades en la interpretación. Y es que, cuanto mayor es la complejidad sintáctica, mayor es el riesgo de incurrir en errores de concordancia que generan las dificultades a las que acabamos de hacer mención. Si ya el lenguaje jurídico es suficientemente técnico, y la jerga procesal lo suficientemente complicada, lo menos que puede pedirse de los jueces es un esfuerzo expositivo, casi didáctico, para que las partes comprendan el Fallo.
Como exponíamos al principio, cuando la Constitución impone la obligación de dictar sentencias motivadas se refiere a sentencias que se apoyen en razones, que éstas se expresen, que las conozcan las partes, y que las entiendan”.

Esta diferencia, así citada en abstracto, no resulta de recibo. Sin duda podremos hallar un término medio que, sin traicionar al rigor, lo convierta en comprensible. Porque al fin y al cabo, no podemos olvidar que nos hallamos ante un lenguaje específico, un lenguaje técnico, nada distinto en cuanto a lo que pueda criticársele de oscuro, de lo que puede ser, por ejemplo, el lenguaje de la física, la filosofía, las matemáticas, o incluso –mucho más común en nuestros días- del lenguaje que emplean los informáticos.
Vectores, ecuaciones, peso atómico, integrales, resetear… les suena?

No es, por tanto, el lenguaje jurídico, una excepción dentro de los lenguajes técnicos, no puede, por tanto, considerársele como una quiebra dentro de la “normalidad característica” de estos lenguajes.

Sin embargo, cuando se habla del lenguaje jurídico se tiende a criticar con mayor dureza a los profesionales que lo emplean -acusándoles de oscurantismo- que a los otros “científicos” o técnicos dedicados a las disciplinas citadas a título de ejemplo. Deberíamos preguntarnos por qué antes de ahondar en la censura.
En todo caso, asumiendo la realidad que podemos contrastar, o que debemos procurar los profesionales del Derecho es no complicar el lenguaje jurídico… más de lo necesario.
Esta es la cuestión.

III.- RIGOR VS CLARIDAD.-

La exigencia combinada de rigor y claridad a la que hacíamos referencia se dirige a varios destinatarios; a cuantos desde su distinta función institucional, manejan el lenguaje jurídico en sus distintas elaboraciones. Y por ello no sólo puede estar esta exigencia concentrada en los jueces, a quienes parece que se les reprocha con mayor frecuencia el defecto de la incomprensión.

Sujetos del lenguaje jurídico.-

En un Estado democrático de Derecho, todas las personas y por supuesto más que nadie los Jueces y Tribunales, están sometidos a la ley; concretamente nuestra Constitución dice “al imperio de la ley”.
Y las leyes, no podemos olvidar que las elabora el Parlamento.

Luego son aplicadas por los propios particulares en sus relaciones privadas; por los organismos públicos en el ejercicio de sus competencias ordinarias; y finalmente por el Poder Judicial cuando surgen conflictos de derechos o intereses que no se solucionan amistosamente.

La primera obligación, por tanto, pesa sobre el legislador. Y de su claridad depende muchas veces la tarea de expresar de forma comprensible las resoluciones judiciales.

El artículo 3 del Código Civil sitúa entre los criterios de interpretación de las normas en primer lugar el sentido propio de sus palabras.

Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, los textos en los que se expresan las leyes no responden a las exigencias de sencillez que permitirían llevar a cabo una interpretación “directa”. Y de ahí que en todas estas ocasiones, el punto de partida suponga ya una notable dificultad. Es cierto que no sucede siempre. Veamos.

El Artículo 138 del Código Penal dice que: el que matare a otro, será castigado como reo de homicidio
Es todo un ejemplo de la buena técnica legislativa. El término “matar” tiene un sencillo significado en el Diccionario, aunque admita múltiples posibilidades de acción.

El artículo 31 bis del Código Penal, al determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se aleja notoriamente del modelo de claridad anterior.

Los artículos 305 y siguientes, en los que se regulan los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aún siendo conductas frecuentes, presentan una extensión y una redacción encadenada de supuestos y condiciones, que no resulta nada fácil entender por un lector carente de formación especializada.
Una vez que una ley está en vigor, y por lo tanto obliga a todos los ciudadanos y a los poderes públicos, las disputas que se produzcan entre particulares, o entre estos y las administraciones públicas e instituciones, si no encuentran una solución “amistosa”, concluyen en los tribunales. Estos son los últimos garantes del Derecho y de la protección de los intereses legítimos de las personas a través de la materialización de todo un derecho fundamental: el que reconoce el artículo 24 de la Constitución a la tutela judicial efectiva.

Entramos aquí en otro escenario, donde confluyen, por una parte, los profesionales que defienden los intereses de las partes confrontadas (Abogados) y en último término los Jueces y Tribunales, que son la instancia llamada a resolver en Derecho.

Las peculiaridades del lenguaje jurídico no resultan desconocidas para ninguno de ambos colectivos. La gran pregunta es si además deben ser tan abiertas que también alcancen a los sujetos protagonistas del litigio: a los titulares de los derechos que están en discusión.

La respuesta debe ser, evidentemente, afirmativa. No es imaginable que tanto las leyes como las resoluciones en las que se aplican prescindan a la hora de su concreción de la capacidad de comprensión de su destinatario, que –como hemos dicho- en primer lugar es el conjunto de la sociedad.

No olvidemos que el artículo 6 del Código Civil nos recuerda desde hace muchísimos años que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Cabría añadir a este enunciado, que no puede exigirse tal obediencia si se dificulta la comprensión hasta el extremo que convierta la advertencia en una simple imposición formal.
Y aquí es donde desembocamos en la necesidad de conciliar la claridad y el rigor. En no pocas ocasiones, la complejidad de lo que se regula comporta la utilización de figuras, de combinaciones de conceptos o una representación de condiciones que no puede reducirse sencillamente a una construcción simplista.

El rigor con el que deben contemplarse todas estas circunstancias, a veces puede convertir en una dificultad la simplificación de las normas.

Pero si por tutela efectiva entendemos, como desde sus primeros momentos ha venido haciendo el Tribunal Constitucional, el derecho de toda persona a obtener de los tribunales una respuesta fundada jurídicamente sobre la pretensión que ejercita, podremos afirmar que a los órganos del Poder Judicial les corresponde una función especial a la hora de acercar el derecho al ciudadano a través de la tarea de la interpretación.
Exigencias del lenguaje judicial en particular.

La claridad queda pues, determinada no sólo como una exigencia general, sino como una premisa específica de la función judicial. Como hemos apuntado también, no debemos trivializar esta meta hasta tal punto que lleguemos a instalarnos en una especie de desprecio del rigor intelectual en aras de la comprensión más elemental. No se trata de eso.

Consideramos que dentro de este nivel mínimo exigible a las resoluciones judiciales se comprenden tres exigencias: la argumentación, la lógica y la precisión.

1.- La argumentación.- La motivación de las resoluciones judiciales.

De acuerdo con la STS de 25 de noviembre de 2015 (ROJ: STS 5085/2015):  “Motivar, es, en definitiva, explicar de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación del derecho. En consecuencia, el Tribunal debe enfrentarse con todas las pruebas disponibles, examinando expresamente el contenido de las de cargo y de las de descargo y explicando de forma comprensible las razones que le asisten para optar por unas u otras en cada caso”.

La extensión no es un elemento que necesariamente determine la calidad.

Si la motivación fue desde siempre el pilar nuclear de la resolución judicial, a raíz de la inclusión en el texto constitucional español de la tutela efectiva de jueces y tribunales como derecho fundamental, se ha erigido en la vertiente más característica de la materialización del derecho por parte de los órganos judiciales. Con frecuencia se invoca en vía de recurso la vulneración del citado derecho fundamental como motivo de impugnación de las resoluciones judiciales. A veces con una clara dosis de imprecisión y confundiéndolo (o mezclándolo conceptualmente) con los otros derechos contemplados también en el artículo 24 de la Constitución expresamente: el derecho a la prueba, a la defensa, al proceso con todas las garantías… Bajo la tutela judicial tienen cabida distintas vertientes, como son el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho al proceso, a la congruencia de las resoluciones judiciales, a su efectividad y ejecución…, pero sin duda, ya desde las primeras elaboraciones de nuestro Tribunal Constitucional, ha sido la motivación de las resoluciones judiciales el verdadero centro de la figura: la obtención de una decisión fundada en Derecho, cuya ausencia determina la producción de indefensión y en consecuencia acarrea como consecuencia procesal la nulidad de la resolución de que se trate.

La importancia de la motivación se convierte, de tal modo, en el corazón de la exteriorización de la función judicial. Y si bien, desde un punto de vista formal (no meramente formal, sino de cumplimiento de las exigencias constitucionales) ha de ocupar de manera indiscutible y preferente la atención de los tribunales, aspira también a otra meta irrenunciable: convencer de la bondad jurídica de la decisión, de su acierto.

Si acudiésemos a las disciplinas clásicas podríamos afirmar que el proceso, y en especial el juicio a través de la contradicción, puede decirse que está presidido por una dinámica dialéctica. Las partes entre sí, mediante sus actos de alegación y el desarrollo de la prueba “discuten” jurídicamente la pretensión o pretensiones que son objeto del litigio. Una vez finalizada esa fase, completada la discusión procesal, la tarea del Juez se incardina en la órbita de la retórica, no en su vertiente oratoria desde el momento en que la resolución ha de materializarse por escrito, incluso en aquellos supuestos en los cuales se anuncia “in voce” en el momento de la conclusión de una vista.

Esta tarea de convencimiento encuentra su cauce en la motivación, y el lenguaje jurídico es su instrumento. De ahí la importancia de su invocación en estas páginas, que por carecer de conclusiones difícilmente pueden caer en esa tentación que se dice que existe, de comenzar la lectura de una sentencia por su parte dispositiva. Debemos resistirnos a que esto sea tan frecuente.

2.- La estructura de las resoluciones judiciales.

Resoluciones judiciales es sabido que son las Providencias, los Autos y las Sentencias. Las dos últimas comportan una estructura motivada, lo que no comporta que las primeras puedan limitarse a plasmar una lacónica decisión como en algunas ocasiones -incorrectamente- se materializa.

La sentencia merece una particular atención. Es la más completa resolución judicial (y sin duda la más importante de todas) por cuanto representa la decisión argumentada que pone fin al pleito.
Su estructura viene desde hace tiempo determinada en las propias leyes: encabezamiento, antecedentes, hechos, fundamentos de derecho y fallo.

Antiguamente, las leyes procesales determinaban una fórmula para expresar los argumentos de derecho, que debía dar comienzo por un verbo en tiempo gerundio: Considerando…

Así lo expresa todavía –incomprensiblemente- la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 142, cuando ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en Ley de Enjuiciamiento Civil pervive ya esta fórmula, abandonada en la reforma de 2000 y sustituida por un mandato mucho más sencillo. Así, el artículo 209 de la LECiv señala: “3º.- En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.

El formalismo anacrónico que conserva en este punto el texto procesal penal –procedente de las leyes procesales del siglo XIX- forzaba la manera de redactar, y contribuía decididamente a lo que algún autor ha denominado el estilo barroco del lenguaje forense.

Hace años ya que no se usa la fórmula forzada pese a la escasa atención que ha merecido –como vemos- la cuestión en el legislador.

3.- La lógica y la precisión.

Más allá de las exigencias formales que pesan sobre las resoluciones judiciales, sigue recordándonos el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que las sentencias serán claras, precisas y congruentes. Se contienen de este modo palmario en el texto de la propia Ley (de subsidiaria aplicación a las demás en el marco procesal) las directrices esenciales de la resolución judicial, de manera que reflexionar sobre las características del lenguaje que viene impuesto a los tribunales puede llevarnos a determinadas matizaciones, pero no supone en lo esencial una verdadera innovación a lo que ya desde hace tiempo contempló la normativa decimonónica, tan denostada curiosamente en algunos de los comentarios que se vierten sobre el estilo del lenguaje judicial.

A las básicas premisas enunciadas debe añadirse, en aras de una configuración ideal de la construcción de la propia resolución, la lógica: una arquitectura del curso argumentativo que la desarrolla, inspirado por una ordenación de razonamientos que se sucedan de manera encadenada para alcanzar cada una de las conclusiones que deben conducir al fallo. La descripción de la prueba y su posterior análisis crítico deben ser consecuentes. La incardinación de esta evaluación en el marco jurídico de la figura que se discuta en el pleito es ya la operación posterior que va a determinar el sentido de la conclusión judicial: la concesión o no de la razón a quien haya impulsado el proceso, y al mismo tiempo a la persona o entidad contra quien se haya dirigido.

No en vano, el apartado 3 del precepto invocado exige, a la hora de abordar la motivación que “deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”.

Esta exigencia determina una característica propia del lenguaje jurídico judicial: su devenir discursivo, profundo, desarrollado, que le otorga una arquitectura propia, notablemente distinta de las tendencias comunicativas más modernas. La incidencia de los medios tecnológicos en la comunicación actual es incuestionable. Las redes sociales, los cauces de comunicación instantánea, están determinando –no es fácil negarlo- un estilo propio en nuestras comunicaciones, con incuestionable tendencia a la reducción. La limitación de caracteres en un texto, el objetivo de la inmediatez en un mensaje, el dato rápido, tal vez no conduzcan a la toma de postura irreflexiva, pero sin duda están modulando los esquemas comunicativos escritos. Y no solo en el ámbito “informal”.

Ya hemos dicho que el deber de motivación no va inexorablemente acompañado de la necesidad de una larga extensión. El propio Tribunal Constitucional ha llegado a afirmar que la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no está reñida con el laconismo. Pero la “lógica” del análisis jurisprudencial comporta un estilo más que notablemente alejado de esa tendencia actual que a veces nos lleva a pensar en el revivir de la telegrafía.

En no pocas ocasiones todo el análisis que acabamos de referir va precedido de la resolución de cuestiones que, por su naturaleza anterior a la resolución sobre el fondo, deben despejarse con carácter previo. De su prosperabilidad dependerá que el Juez o Tribunal se adentre en el resto de las materias que han sido objeto de discusión, debate y prueba. Naturalmente, a todas estas llamadas cuestiones previas, o “de previo pronunciamiento” resultan de absoluta aplicación las consideraciones anteriores.

IV.- ESPECIALIDADES  EN EL LENGUAJE JURÍDICO

Más que de especialidades dentro del lenguaje jurídico (y más concretamente dentro del lenguaje judicial) podríamos hablar de manifestaciones o registros. Cada resolución, e incluso dentro de ésta cada parte, comporta la necesidad de utilizar un lenguaje (o un registro) diferente.

Y es más: el lenguaje que utilizamos los jueces no es el mismo en todos los procedimientos.
En las siguientes reflexiones haremos una breve referencia a los distintos tipos de lenguaje dentro de las resoluciones judiciales, y al mismo tiempo, al que se utiliza en la práctica cuando participan en la administración de Justicia quienes no son técnicos en Derecho.

El lenguaje fáctico y el lenguaje interpretativo

Conceptos. Lenguaje descriptivo vs lenguaje analítico.

Uno de los párrafos de una de las obras que se han ocupado de la crítica del lenguaje jurídico da título a uno de sus capítulos como “Dinámica de la Justificación”. En él se analiza la tarea que debe realizarse casi siempre en el desarrollo de una sentencia, distinguiendo unos hechos de otros y analizando que peso tiene cada uno, que relación les une, que participación en cada uno han tenido las personas juzgadas, etc.. Al hilo de estas reflexiones dice literalmente el autor: “el esfuerzo clasificatorio evidenciado en el empleo de estas categorías no responde a una simple veleidad teórica, sino que, fruto de una reflexión analítica sobre la práctica de los tribunales, puede retornar a ésta para hacerla más rigurosa”.

Una sentencia utiliza ambos registros, en función de las necesidades de contenido de cada una de sus partes.
Pensemos en sus principales manifestaciones:

Los hechos probados.

Los fundamentos jurídicos.

Del resultado de la prueba –practicada en juicio mediante la oportuna contradicción- se obtiene una primera conclusión: lo sucedido. Es cuanto se obtiene –o puede obtenerse- como verdad judicial (expresión que ha de superar la dicotomía verdad material/verdad formal). Las reglas del garantismo jurídico no permiten declarar sin traba alguna la pretendida verdad; tan sólo permiten declarar tras el desarrollo del proceso la verdad que ha podido acreditarse con absoluto respeto a los límites de la obtención lícita de pruebas.

Sobre este marco, cierto es que mientras en el relato de hechos probados se acude a un lenguaje narrativo, de base descriptiva esencial, de naturaleza fáctica, en la fundamentación jurídica se utiliza otro registro: el argumentativo. Las diferencias entre uno y otro, en términos de objetivos de claridad no tienen por qué ser divergentes. Puede parecer más propio del leguaje fáctico un estilo directo; al fin y al cabo, la narración de unos hechos, en la cual se mezclan datos objetivos con acciones e incluso intenciones o manifestaciones de la voluntad, se presenta “a priori” más necesitada de una plasmación directa. Por el contrario, el encaje argumental de estos hechos en las categorías jurídicas, en los preceptos legales y en sus muchas veces necesarios matices, ha de realizarse desde un enfoque distinto.

Pero al mismo tiempo no podemos ignorar que en multitud de ocasiones la narración en plenitud de unos hechos probados encierra tantas dificultades como su análisis jurídico. Dependerá esta dificultad de un número considerable de elementos casuísticos; entre otros muchos, la complejidad del asunto juzgado, su naturaleza e implicaciones, las operaciones que se hayan desentrañado como resultado del proceso, su esquema cronológico, su interrelación. Resaltar la necesidad de extremar la claridad narrativa no es baladí.
El lenguaje en la regulación del el proceso.

Ya tuvimos ocasión de referirnos con anterioridad a las previsiones legales a la hora de plasmar la necesidad de claridad, precisión y congruencia de las resoluciones judiciales. A propósito de los conceptos que puedan resultar oscuros se regula el remedio de la aclaración. Pero no se preocupa la ley exclusivamente en cuanto a la claridad de este tipo de actos. También se contienen concretas directrices encaminadas a otro tipo de actuaciones procesales.

Entre otras previsiones, y citando solamente dos ejemplos, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que las preguntas que conforman el interrogatorio de las partes se formulen con la debida claridad y precisión; el artículo 439 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe la formulación a los testigos de preguntas capciosas o sugestivas.

Es, curiosamente, en el procedimiento sin duda más complejo que tenemos hoy en día en nuestro panorama procesal donde cobra especial importancia ese marco de claridad al que en el fondo se apela cuando se reflexiona sobre las características debidas del lenguaje jurídico. Nos estamos refiriendo al procedimiento ante el Tribunal del Jurado. La presencia por parte de los miembros del Jurado del desarrollo de la prueba no interfiere en estas consideraciones. A lo que debemos referirnos es al elemento crucial de la formación de la decisión del Tribunal, lo que se denomina la formulación del objeto del veredicto: la relación de preguntas que le tiene que presentar al Jurado el Magistrado que preside el juicio para que los ciudadanos jurados declaren probados o no probados los hechos juzgados.

La Ley del Jurado sí se preocupó de resaltar la necesidad de claridad a la hora de regular este elemento del proceso, aunque de nuevo podríamos encontrar a la hora de explicarlo alguna reminiscencia del tecnicismo expresivo. Por ejemplo, cuando en la Exposición de Motivos de la Ley se dice:

el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jurídicamente relevante. Un hecho, en una concreta selección de su proteica accidentalidad, se declara probado sólo en tanto en cuanto jurídicamente constituye un delito.
Naturalmente, la composición de un Jurado por ciudadanos que no son técnicos en Derecho exige una labor didáctica que se materializa en las llamadas Instrucciones al Jurado, y es aquí donde –artículo 54 LOTJ- encontramos un mandato significativo por sí mismo: el Magistrado expondrá al Jurado “detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión…”

Una buena guía a tomar como modelo en el resto de los discursos que configuran en su conjunto, el lenguaje jurídico.

Aún en el resto de procedimientos de los que conocen los órganos judiciales, sin perder de vista el rigor científico, sin abandonar jamás la aspiración de ilustrar con argumentos doctrinales o jurisprudenciales lo que ha de ser nuestra decisión, asumiendo en todo instante que nos enfrentamos a un lenguaje técnico, e incluso, si se nos permite, sin renunciar a la invocación de una expresión en latín, las decisiones deben materializarse siempre en esa forma “que se pueda entender”.

Tan sólo para finalizar, no nos resistimos a decir que no albergamos tantas dudas sobre la persecución de este objetivo como tantas veces se han suscitado sobre el empleo del lenguaje jurídico.

V.- BREVE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.-

BENÉYTEZ MERINO, Luis: Deontología de la decisión judicial, en “Ética del Juez y garantías procesales”, Manuales de Formación Continuada, Núm. 24-2004, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005.
CAZORLA PRIETO, María Luisa: El lenguaje jurídico, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, Pamplona, 2006.
El lenguaje forense, Colección Estudios de Derecho Judicial, Núm. 32-2000, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000.
Elementos indispensables de Retórica para Jueces, Litigantes y público en general, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2008.

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