Abogacía cercana, Justicia cercana: un binomio imbatible. Entrevista a Ricardo de la Encarnación Albero, por Laura Morell Aldana

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Abogacía cercana, Justicia cercana: un binomio imbatible

Hoy en el Blog de En_justicia, contamos con la presencia de Ricardo de la Encarnación Albero, Abogado ejerciente desde 1993 en el ICA Alcoy, Decano de dicho Colegio desde 2017, Vocal de la Permanente del CVCA y Consejero del CGAE, miembro de su Comisión de Deontología.

Desde aquí queremos agradecerle su desinteresada colaboración, en una entrevista que nos va a permitir profundizar en la abogacía cercana, de proximidad, que en un binomio que es prácticamente imbatible con la concepción de Justicia cercana que defendemos desde APM.

  1. ¿Qué le parece la situación actual de la justicia española? ¿Faltan medios personales o materiales?

No diré que pésima pero sí muy necesitada de mejora. La distribución de la carga de trabajo es muy dispar entre los diferentes juzgados y tribunales. Hace falta crear nuevos órganos judiciales porque la litigiosidad es algo que va en aumento cada año (no tengo en cuenta la situación extraordinaria creada por el COVID-19 y que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. Esa sobrecarga puede producir además resoluciones de baja calidad. No hay que olvidar que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es muy inferior a la media europea

Por poner un ejemplo cercano, los procedimientos abreviados que se tramitan en este partido, una vez efectuada la calificación y remitidos a los juzgados de lo penal de Alicante, puede tardar más de tres años en señalarse fecha para la vista oral; ello acarrea que la justicia deje de ser efectiva, amén de aplicarse casi automáticamente la atenuante por dilaciones indebidas.

En cuanto a la concreta pregunta por la falta de medios, falta todo, los medios humanos y los tecnológicos. Ya es algo sistémico en la justicia española y, por desgracia, sin medios no hay justicia digna. Mientras no se otorgue un mayor nivel de presupuesto por la administración correspondiente será imposible atender esas carencias, algo que todavía se ha evidenciado más a la vista la situación generada por el Covid-19

  1. ¿Qué opinión tiene sobre el plan Covid del MJU para auxilio de las jurisdicciones social y mercantil? ¿Se está notando alguna mejora en la celeridad de la justicia?

Más que opinar sólo sobre el Ministerio de Justicia y atendidas las competencias transferidas en materia de Justicia a la Generalitat Valenciana, voy a centrarme en la situación de la Comunidad Valenciana que es la que más conozco y lo harto complicado que está siendo poner de acuerdo a todas las partes implicadas en la necesaria reactivación de la justicia.

Pero antes, no puedo pasar por alto decir que en esa reactivación se ha escuchado más bien poco al colectivo que representa la Abogacía, cuya labor es necesaria y fundamental. El Consejo General de la Abogacía Española elaboró un documento con un paquete de medidas que consideraba podrían aportarse al Plan de Agilización elaborado por el Ministerio al entender que coadyuvarían a esa agilización y contribuirían a la recuperación económica. También se realizaron aportaciones a las propuestas por el CGPJ. No se trataba de solucionar todos los problemas que aquejaban y siguen aquejando a la Administración de justicia, sino, únicamente, intentar solventar el problema que se iba a generar por el retraso producido por la paralización derivada del estado de alarma, junto con el previsible incremento del número de asuntos cuando se reanudara la actividad.

Estas medidas, fueron ampliamente rechazadas y desde los distintos colegios y colectivos de la Abogacía manifestamos nuestro rechazo a las aprobadas por el Ministerio en abril de 2020 por considerarlas inoperativas e ineficaces, más teniendo en cuenta la falta de medios personales y tecnológicos.

Pero no todas las administraciones funcionan igual. Antes de presentar el Plan Reactiva Covid 19 elaborado desde la Consellería de Justicia de la CV, se recabó el apoyo -que fue unánime- de los colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de toda la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la pregunta formulada, el día 4 del pasado mes de enero entraron en funcionamiento en la CV los denominados “Juzgados Covid” para resolver una media de 700 asuntos al mes.

Estos Juzgados, un total de 3, uno por provincia, se han creado para refuerzo de la la jurisdicción Mercantil en Alicante y Valencia, y a la social en Castellón y han supuesto una inversión por parte de la Consellería de más de 850.000 €.

Ahora bien, la propia Consellera advirtió que, pese a que estos refuerzos aliviaban la carga de trabajo, seguía siendo necesaria la puesta en marcha del Plan Reactiva Justicia Covid 2021 propuesto desde la Conselleria a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.

Con ese plan se prevé el despliegue de 18 jueces de refuerzo, 9 letrados de la Administración de Justicia y 41 funcionarios para potenciar las jurisdicciones Civil y Social en Valencia y Alicante y la Mercantil en Castellón.

Actualmente se cuenta también con el plan de choque aprobado por el TSJCV y que se puso en marcha el pasado 1 de marzo, para acelerar la celebración de juicios en las jurisdicciones social y civil en los próximos cinco meses, mediante el refuerzo de 42 órganos judiciales con los 19 jueces y juezas de la LXX Promoción de la Escuela Judicial en fase de prácticas que han sido destinados a la Comunidad Valenciana.

La finalidad pretendida es reducir la pendencia acumulada en estas jurisdicciones, acortar el tiempo de respuesta y responder al incremento de demandas.

Para que el plan resulte efectivo, la Consellería de Justicia ha de nombrar funcionarios interinos y prolongar las jornadas de gestores y tramitadores y el Ministerio de Justicia nombrar y/o prolongar las jornadas de los LAJ.

 

En suma, es ahora cuando se están poniendo en marcha los planes de choque que para ser efectivos requieren de la colaboración a tres bandas del TSJ, la Consellería y el Ministerio de Justicia, sin olvidar a los sindicatos de los funcionarios o representantes de los LAJ, que tendrán la última palabra en la prolongación de las jornadas, pero habrá que esperar a la finalización del presente año judicial para poder analizar sus resultados. En otras palabras, todavía resulta demasiado pronto para hacer un balance final.

No olvidemos que se están creando juzgados de refuerzo con jueces en prácticas, si a ello unimos funcionarios interinos o LAJ con exceso de carga de trabajo, el colapso puede estar servido.

Por último, sean cuales sean las reformas y medidas que se adopten, desde la abogacía hemos mantenido desde el inicio una postura clara: se rechazará de plano cualquier medida que utilice el estado de alarma para pretender introducir reformas procesales de enorme calado y recorte del derecho de defensa.

Los Abogados y Abogadas tendremos que volver a poner lo mejor de nosotros mismos, al igual que el resto de operadores jurídicos para intentar, una vez más, que nuestro sistema de justicia merezca el nombre de tal, porque la alternativa será volver a dar la cara ante la ciudadanía y explicarles que tampoco esta vez la Justicia estaba preparada para aligerar la salida de esta crisis.

  1. ¿Qué opinión le merece la formación de los Jueces españoles? ¿Necesitamos más perspectiva de género?

Personalmente no tengo nada que reprochar a la formación académica de los jueces españoles, creo que es la adecuada y fruto de un esfuerzo encomiable a todos los niveles.

Ahora bien, si hablamos de la “mochila del juez”, va cargada de conocimientos, pero muchas veces falta de otras cualidades igual de esenciales y necesarias. Y aquí sí he de decir, que falta más perspectiva de género, más empatía y, sobre todo, no aislarse, como muchas veces ocurre, en su “potestas”; debería reconocerse como un operador jurídico más que, con independencia de su capacidad resolutoria, debe funcionar conjuntamente con el resto de operadores jurídicos: Letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, Fiscales, Profesionales de la Abogacía, los Médicos Forenses, etc. Por poner un símil, la administración de justicia debería ser como una orquesta, toda dirigida al mismo fin: el que la pieza musical resulte perfecta en su ejecución, siendo importantes por igual para dicha ejecución todos los instrumentos que la componen.

Es evidente que son los jueces los que dictan sentencias y que éstas resultan de obligado cumplimiento para las partes, pero sí se quiere hablar de justicia, se ha de tener presente al conjunto de los operadores jurídicos y muchas veces, desde la Abogacía, se echa de menos la posibilidad de diálogo para un mejor entendimiento en pro del funcionamiento de la justicia que no es otra cosa que en pro del derecho de los ciudadanos a eso tan manido que es la tutela judicial efectiva.

Compartir los diversos prismas o puntos de vista desde la experiencia que da estar en un lado u otro del estrado, escuchar las quejas constructivas, dialogar, en definitiva, trabajar al unísono y colaborar para conseguir una justicia de calidad, porque una justicia mejor es posible.

¿Utopía? Desde la Abogacía trabajamos para que sea algo más, pero cierto es que no en todo el territorio se funciona del mismo modo. Hace poco, en unas jornadas sobre el principio de transparencia organizadas por el ICAB se presentó el Protocolo suscrito entre el Consejo de la Abogacía Catalana y los Jueces catalanes para la mejora del funcionamiento de la justicia, un protocolo en que los Jueces han dicho como prefieren las demandas y la Abogacía cómo no han de ser las sentencias y se han suscrito unos acuerdos para facilitar la labor de unos y otros en pro de esa justicia de calidad pretendida por todos.

  1. ¿Cuál ha sido el papel de los Colegios de Abogados en la pandemia de la Covid-19?

Durante la primera etapa del confinamiento y cuando las mascarillas, EPIS, geles eran difíciles de conseguir, desde el CGAE como desde cada Colegio se intentó garantizar tales materiales para todos aquellos letrados que debían prestar el servicio de asistencia al detenido o a la víctima. El Colegio de Alcoy, a través de los miembros de la Junta de Gobierno y su Decano en particular, estuvo en total contacto con la Juez Decana del partido, con el Ayuntamiento de la ciudad, con otros organismos y todo ello siempre tendente a trabajar al unísono, conseguir dotar de lo que faltaba y, cuando ello no era posible, suplir las carencias con trabajo y esfuerzo, tanto a nivel individual como colectivo; es necesario romper una lanza en favor de los Letrados de los diversos turnos Penales que, con pandemia o sin ella, con o sin EPIS, siguieron garantizando a toda la ciudadanía sus derechos, yendo a asistir a detenidos en circunstancias, muchas veces, carentes de cualquier seguridad frente al COVID y, desde luego, sin tener ningún reconocimiento por su dedicación y profesionalidad.

Ahora bien, pese a la incertidumbre provocada por la Covid-19 y la declaración del estado de alarma con la consiguiente suspensión de toda actividad judicial, salvo los considerados servicios esenciales (juzgados de guardia y aquellos actos que podían afectar a libertades fundamentales), la Abogacía tuvo claro desde el primer momento que había que volver a la mayor normalidad posible, sin renunciar a las medidas preventivas, lo antes posible, y así se reclamó a nivel institucional. El desarrollo posterior de los acontecimientos ha demostrado que la actividad judicial y la prevención eran compatibles.

Durante este tiempo también se intentó mantener permanentemente informados a los Colegiados de todas las normas que se iban dictando, en particular, de todas aquellas que tenían una relación directa con el ejercicio de la profesión.

También dotamos a las sedes colegiales de pantallas protectoras para proteger la seguridad tanto del personal y abogados del SOJG como de los propios ciudadanos que acuden a solicitar el servicio. Cambiamos los métodos de trabajo y se generalizaron las reuniones telemáticas con el fin de que la denominada “nueva normalidad” nos permitiera trabajar garantizando la seguridad.

En este sentido, se apostó también por impulsar la justicia telemática pero limitada a asuntos muy tasados como las ratificaciones o juicios sin testigos ni peritos. Por desgracia en algunos ámbitos se ha hecho extensivo este uso y se crean situaciones en las que la falta de presencialidad pone en peligro el derecho de defensa.

Se colaboró estrechamente, a nivel local con los Juzgados, encarnados en su cabeza visible: La Juez Decana de Alcoy y, a nivel supralocal, tanto con el CVCA como con el CGAE y éstos con el TSJCV, CGPJ y el MJE para que las normas que se iban dictando en relación a la justicia tuvieran la mayor efectividad posible, aunque a esos niveles nacionales, desgraciadamente, se nos escuchó poco. Uno de los contenciosos que mantuvimos fue el de que el mes de agosto siguiera siendo inhábil a efectos procesales, para garantizar el descanso de los Letrados y Letradas y la conciliación de nuestra vida personal y familiar, aunque finalmente no se consiguió. Fue declarado finalmente hábil del 11 al 31 aunque lo cierto es que no hubo señalamientos civiles y como los Jueces y funcionarios mantuvieron sus periodos vacacionales, esa gran medida adoptada para recuperar el ritmo en los asuntos judiciales paralizados durante la pandemia, no tuvo ninguna efectividad práctica salvo que Letrados y Procuradores tuviéramos que estar pendientes de Lexnet y trabajar sin descanso.

También durante esta pandemia, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) remitió en el mes de noviembre a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la firma de un protocolo de suspensiones de vistas para garantizar la seguridad jurídica y la conciliación profesional/familiar de los profesionales del derecho, en supuestos de previsibles catástrofes naturales, maternidad/paternidad y enfermedades, entre otras. Entre los supuestos contemplados se incluía la suspensión en el supuesto de dar positivo por Covid-19 y la duración de esta suspensión durante el confinamiento prescrito.

Esta reivindicación se sostiene durante más de una década y se ha firmado ya en otras comunidades autónomas. Se interesó de nuevo en noviembre precisamente por considerar que además de la mayor seguridad jurídica, su firma podría contribuir a frenar la pandemia de la COVID-19.

Una de las -ultimas reivindicaciones ha sido la reciente solicitud a través del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para la inclusión de la abogacía del Turno de Oficio en el grupo 6 de la “Estrategia de vacunación frente a la COVID-19”. Un total de 3.958 letrados que prestan servicio de guardias y 59 empleados del SOJ, que atienden a los beneficiarios de la justicia gratuita, para quienes el CVCA solicita su vacunación, habiendo teniendo una respuesta negativa hasta el momento.

  1. ¿Ha notado un aumento o un descenso en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita?

Durante el estado de alarma ha habido un descenso generalizado en las solicitudes de asistencia jurídica gratuita. La paralización y ralentización económica que ha traído la pandemia también ha tenido su reflejo en la demanda de justicia gratuita.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 225.036 solicitudes de ciudadanos para utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza de forma segura el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita. Esta cifra supone un descenso del 37% respecto a los seis primeros meses del año 2019 (357.614 expedientes).

La bajada en el número de expedientes está relacionada con el estado de alarma declarado por la pandemia de Covid19. Las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita descendieron en todas las comunidades autónomas. Según nuestro TSJ, en la Comunidad Valenciana se han reducido los asuntos judiciales ingresados en un porcentaje del 9,5% y los matrimoniales en un 17,3%. Todavía seguimos en pandemia, por lo que no podemos afirmar en este momento si es real esa tendencia a la baja o simplemente un tiempo de “impasse” esperando el fin de la crisis.

Imagino que habrá que esperar a conocer los datos de 2021 e incluso de 2022 para saber cuáles han sido los efectos de la crisis de la Covid-19 en el funcionamiento de la justicia. En cuanto a los datos definitivos para todo el territorio nacional, habrá que esperar hasta el mes de julio en que se publicará el XV Informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer. En el anterior, publicado el 10 de julio de 2020, los asuntos habían crecido más de un 4% en 2019, manteniendo la tendencia al alza que se viene manifestando en los últimos años.

  1. ¿Se nota ya el impacto de la mediación en la administración de justicia o falta ‘cultura mediadora?

Lamentablemente no puedo contestar en sentido afirmativo, siendo todavía muy largo el camino que falta por recorrer para que la mediación sea considerada una alternativa real, cierta e implantada para la resolución de conflictos.

Desde la Abogacía Española, los Consejos Autonómicos y los Colegios de Abogados se está trabajando mucho para que la mediación sea esa alternativa. Sin ir más lejos, el pasado año el Colegio de Abogados de Alcoy puso en marcha su Centro de Mediación (CEMICALCOY), porque, seamos firmes partidarios o no, la mediación va a acabar instaurándose y desde el Colegio pensamos que la Abogacía, junto con el resto de operadores jurídicos, somos agentes del cambio y por ello apostamos por la formación en esta materia como vía de solución de conflictos.

Pero, volviendo a la pregunta, es cierto que en este país falta, y mucha, cultura mediadora. No la tienen los Jueces, que consideran que ellos ya hacen de mediadores cuando instan a las partes a llegar a un acuerdo y eso ya es suficiente mediación. No la tienen los profesionales de la abogacía, que muchas veces incluso ignoran como funciona un proceso de mediación, cuándo y cómo se puede derivar de un proceso judicial en marcha a una mediación, cómo afecta al proceso, cual es la labor de los distintos operadores jurídicos, que oportunidades nos ofrece la mediación a los Abogados y Abogadas de parte, cuál es su encaje procesal y los efectos, que ocurre según se consigan o no acuerdos, si impide o no la vía judicial, la necesidad de mediación en procesos de familia, etc. Y no solo eso, sino que temen que la mediación se solape con la función del Abogado o les prive de trabajo. Y, sobre todo, tampoco la tienen los ciudadanos, que todavía tienen que aprender que pueden resolver sus conflictos a través del diálogo y es que la vocación por el litigio es consustancial a la cultura española y mientras no superemos esa necesidad de ganar para tener reconocimiento la mediación no tendrá encaje en nuestro sistema, lo cual es una lástima porque, como se viene reconociendo en los diferentes congresos que se celebran sobre mediación, una sociedad que aboga por la cultura del acuerdo es una sociedad mejor.

  1. Finalmente, Justicia de pueblo ¿Justicia de segunda? ¿Cuáles son las carencias que, en su opinión, tenemos los Juzgados y Colegios de Abogados de pequeñas localidades, frente a las grandes capitales?

Decir que la justicia de pueblo es justicia de segunda es tanto como condenar a las comarcas y partidos a su desaparición en pro de los juzgados provinciales. La justicia de pueblo es la más necesaria, es esa justicia cercana al ciudadano, es la justicia real, del día a día, lejos de palabras e intenciones grandilocuentes y rimbombantes que en la práctica no solucionan el problema del ciudadano que se ve abocado, voluntariamente o no, a un procedimiento judicial. No olvidemos que hay gran cantidad de personas que litigan con el beneficio de la justicia gratuita y, ante la falta de medios, la justicia mal denominada de pueblo es la que garantiza la tutela judicial efectiva. Una justicia que no es cercana no es justa.

Cierto es que los Juzgados, más que de pequeñas localidades, de pequeños partidos tienen muchas carencias frente a los juzgados de las grandes capitales. Alcoy no es el caso, pero muchos partidos carecen de sede de Fiscalía. También se echa en falta la existencia de juzgados especializados en materia de familia, de la falta de equipos psicosociales, de cámaras de Gesell en Juzgados y centros de detención, de un instituto de medicina legal y forense en condiciones, pero desde mi punto de vista y del colectivo de la Abogacía al que represento, la proximidad sigue inclinando la balanza de todas, todas, a favor de estos Juzgados, lo que volviendo a la primera de las preguntas, redunda en esa falta de medios materiales y personales para que no se tenga que hablar de esa mal llamada justicia de segunda.

En cuanto a los Colegios de Abogados, pasa otro tanto que con los Juzgados. Cuanto más pequeño es un Colegio menos presupuesto tiene y menos medios, pero ello tampoco quiere decir que la calidad del servicio que se presta a los profesionales de la Abogacía y a los ciudadanos se vea mermada por ello. La justicia gratuita y el Turno de Oficio funciona casi mejor en los pequeños que en los grandes colegios, gracias al trabajo desinteresado de las personas que formamos parte de las Juntas de Gobierno, porque si algo se tiene claro es que se presta un servicio público esencial para que la justicia se pueda impartir en condiciones de igualdad, siendo totalmente conscientes de la función social de la Abogacía. Además de ello se garantiza la formación continua a los Colegiados, bien a través de cursos propios, bien a través de los cursos organizados con la colaboración del CVCA subvencionados desde la Consellería de Justicia, bien a través de convenios con diversas entidades, editoriales, etc. y, sobre todo, porque es la mayor garantía que al ciudadano se le da, se vela por el cumplimiento de las normas deontológicas que deben presidir cualquier actuación de los profesionales de la Abogacía mediante el control y sanción en su caso de aquellos profesionales que incumplen esas normas. Haciendo propio el lema de la Abogacía española, se trata de conseguir “una abogacía de excelencia para alcanzar una justicia de calidad” y eso los Colegios de Abogados, sin importar el tamaño, lo tenemos muy claro y luchamos día a día para conseguirlo. 

En Alcoy, a 11 de mayo de 2021.

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