COMUNICADO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA EN RELACION CON LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE IGUALDAD.
La Asociación Profesional de la Magistratura expresa su más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces por la Ministra Irene Montero y otros responsables políticos con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual, como consecuencia de la vigencia de la LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.
En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional.
La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho.
Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y, de igual modo, con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal. Y ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por nuestras cámaras legislativas, en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva.
Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse, por imperativo de los básicos principios penales, en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta; sobre todo, teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los Juzgados y Tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual.
Las últimas declaraciones efectuadas por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura exigimos su inmediata dimisión.
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
COMUNICADO de la APM en relación a las declaraciones de la Ministra de Igualdad (17nov2022)
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