LA JUSTICIA ENFERMA TIENE CURA_ Por José María Páez Martínez-Virel

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LA JUSTICIA ENFERMA TIENE CURA

 

Cuando el diecinueve de abril de 1991 llegué al juzgado de primera instancia e instrucción de la Ciudad de Sueca (Valencia) vestido para la ocasión con un traje recién adquirido en unos famosos grandes almacenes de cortes británicos, la toga bajo el brazo y una enorme caja con un ordenador de sobremesa en su interior, costeado por mi mismo, inicié una singladura plagada de incertidumbres. Sin embargo,  la ilusión y el ánimo eran tan arrolladores que ninguna dificultad podría detener aquella fuerza sobrenatural fraguada en los años de estudios que suponen la oposición a judicatura. Lo cierto es que nada más llegar al segundo piso en el que se ubicaba el juzgado una pequeña cuerda que sujetaba la caja se rompió y mi ordenador bajó rodando un empinado tramo de escaleras. Quedé totalmente paralizado pensando que mi primer sueldo se esfumaba dentro de aquellos cartones. No fue así. La decepción llegó más tarde cuando comprobé que una vez montado el equipo no podía ponerlo en marcha  porque la corriente contratada era de 125 voltios.

En aquella época, la informática era poco menos que impensable en la Administración de justicia donde reinaba el papel y la máquina de escribir. Han pasado muchos años y en comparación con otras Administraciones todavía queda mucho por hacer, aunque también sería injusto no reconocer que, aunque a paso de tortuga, hemos avanzado en éste y en otros aspectos, si bien al mismo  paso que ese simpático animal. Tras una profunda reflexión me permito escribir estas líneas para deciros que aunque la situación de la justicia es lamentable en muchos territorios, no en todos, y también la situación de la carrera judicial, no debemos ni podemos rendirnos.

En los últimos años, creo que lo más preocupante es precisamente el deterioro de nuestras  condiciones laborales. La consecuencia es una desilusión permanente en los compañeros. Esto se puede ver día a día. A pesar del esfuerzo titánico que se realiza no existe un reconocimiento por parte, no ya de la propia sociedad, pues ésta puede tener una opinión muy subjetiva de nuestro colectivo sino de los poderes públicos, de los otros poderes del Estado y especialmente de nuestro órgano de gobierno: el Consejo General del Poder judicial que ni está…..y que es mejor que no venga pues siempre que interviene es en detrimento de nuestras condiciones de trabajo, obsesionado con la productividad y con la opinión pública. Son palabras duras y tristes  pero a los hechos me remito.

 

Las causas que originan esta situación están plenamente identificadas :

 

  1. Se cuestiona de forma permanente el sistema de acceso a la carrera judicial por oposición, lo que no ocurre con otros cuerpos de la Administración del Estado.

 

  1. El sistema de preparación de los nuevos jueces ha fracasado.Se les obliga a ocupar plazas de titulares, incluso de magistrados de capitales de provincias en cualquier orden jurisdiccional sin haber terminado su periodo de formación. La ausencia de plazas disponibles se ha afrontado creando figuras que han desvirtuado ese importantísimo periodo: jueces en prácticas, jueces en expectativa de destino etc.

 

  1. Los Jueces de adscripción territorial parecían una solución acertada para terminar con los sustitutos, preparar los tribunales de instancia y solucionar otros problemas, sin embargo no es de recibo que existan JAT con 10 o 15 años de antigüedad que todavía no tengan un destino como titulares. Se ha hecho un mal uso de la figura.

 

  1. A pesar de los años que lleva sobre la mesa la idea de los tribunales de instancia, nadie se decide a ponerlos en marcha oficialmente con el pretexto de la reagrupación o supresión de determinados partidos judiciales, medida muy impopular que no quiere asumir ningún partido político. La creación de juzgados está desfasada y es antieconómica con un elevado número de funcionarios y medios en muchas ocasiones innecesarios. Las experiencias que se llevan a cabo de tribunales de instancia en la práctica están dando buenos resultados.

 

  1. Los módulos de entrada y salida especialmente, son una garantía para un trabajo bien hecho, para realizar una planificación correcta de la planta judicial que acabe con las prioridades políticas, y sobre todo para nuestra salud. Llevamos años esperando que se elabore un modelo serio.

 

  1. Las retribuciones deben ser objeto de actualización, concretamente la Ley 15/2003. No pretendemos ser los jueces mejor retribuidos de la Comunidad Europea pero tampoco los últimos de la lista. No se sostiene lo que se abona por una semana de guardia en la mayoría de los partidos judiciales.

 

  1. El abono justo de la productividad es una cuestión fundamental para la mejora de las condiciones laborales de los jueces y magistrados. No tiene explicación la ínfima valoración que se hace de nuestro trabajo. Lo explicaremos más adelante.

 

  1. La ausencia de plazas en órganos colegiados ha creado un tapón que impide la promoción profesional a los integrantes de la carrera judicial que llevan muchos años en órganos unipersonales sin posibilidad de acceder a aquellas. Esos órganos saturados de trabajo, sin posibilidad de puesta al día, y con una situación que se prolonga durante años y años producen un profundo malestar y agotamiento. La respuesta del Consejo a través del servicio de inspección son los seguimientos. Esta medida no sirve para arreglar la situación pero sí para aumentar el nivel de estrés.

 

  1. La prórroga de la jubilación a los 70 y 72 años pudo ser una solución aceptable en un momento dado para paliar la ausencia de jueces y que fue bien recibida en general por las consecuencias económicas que lleva aparejada la jubilación por las diferencias entre el sueldo real y la pensión. Es necesario buscar alternativas que eviten las situaciones de algunos magistrados que por diversas causas no se pueden jubilar por esa merma retributiva y que, al no estar en condiciones físicas adecuadas, se ven obligados a darse de baja en esos últimos años de carrera. A cierta edad no es posible mantener el mismo rendimiento que se le exige a una persona con 40 años; es simplemente inhumano.

 

10 Queda mucho por hacer en cuanto a las infraestructuras Judiciales. Todavía hay muchas poblaciones con edificios indignos y en pésimas condiciones. La lista sería interminable. El poder judicial merece un respeto por la función que desempeña y no es de recibo que las instalaciones no cumplan con unos mínimos. Hemos pasado de Palacios de Justicia a juzgados en cualquier parte. La falta de voluntad política y la mala gestión van de la mano. Estamos a la espera de un sistema informático fiable y eficiente, con equipos modernos que mejoren la tramitación y faciliten nuestro trabajo en vez de entorpecerlo.

 

La conclusión es clara. La justicia está enferma y abandonada a su suerte. Hemos expuesto algunos de los males que la aquejan y que nos afectan en primer lugar a los profesionales. Estos problemas podrían solucionarse con el incremento de los presupuestos generales del Estado y de la Comunidades autónomas para la creación de las plazas necesarias. Hasta ahora no he oído a ningún responsable explicar cuanto de los 140.000 millones de Euros de los Fondos Europeos  para reactivar la economía  de los que tanto se habla serán destinados a la Administración de Justicia. Continuamos con nuestras reflexiones:

 

¿Por qué no se cumplen las previsiones de la Ley de Retribuciones y éstas no se actualizan debidamente?   No es razonable que un juez español gane mucho menos que un juez europeo. Las cifras harían sonrojar a cualquiera. ¿Por qué lo que se paga por productividad es completamente ridículo?  ¿Es razonable que se abonen 15 euros o menos por el dictado de una sentencia?  A mayor número de sentencias dictadas menos se valoran. ¿ Sería admisible que se pagara a un abogado de oficio 15 o 20   euros por llevar un caso?  El mínimo que reciben estos profesionales está muy por encima de estas cantidades . A todo ello se une un sistema perverso para calcular la productividad que ha obligado al Consejo a contratar a una empresa externa  para ayudar a los magistrados a elaborar la estadística para poder cobrar la productividad. No tiene explicación que existiendo una estadística elaborada por el órgano judicial no se utilice,  cuando lo cierto es que  debería ser suficiente para el cálculo automático de la misma. Por si fuera poco, si comparamos nuestra productividad con la que reciben otros funcionarios del Estado como los pertenecientes a la Agencia Tributaria o los Abogados del Estado la depresión está asegurada, pregunten por ahí a algún amigo de confianza que pertenezca a estos cuerpos. Yo lo he preguntado y siento vergüenza para ponerlo aquí negro sobre blanco  al ver el trato que recibimos por parte del Ministerio de Justicia.

 

Pero bueno, no todo en la vida es el dinero, el vil metal, el único objetivo que nos mueve a una carrera judicial “mayoritariamente conservadora” según afirman algunos gurús de la comunicación no solo por pertenecer a la APM, a la que por cierto,  me siento muy orgulloso de pertenecer aun  con los errores que podamos cometer.

El simple  hecho no estar asociado a una asociación en concreto o a ninguna lleva a estos medios tan influyentes en la opinión pública a una  conclusión  clara: la mayoría de los jueces no asociados son conservadores y en consecuencia la mayoría de la carrera judicial es conservadora y ésto lo determina  el origen social. La consecuencia es evidente: la situación impide la elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial por los propios jueces con la siguiente premisa: si creo que no voy a ganar unas elecciones es mejor suprimirlas hasta que consiga que los votantes sean la mayoría que yo quiero que sean.

Vamos sumando puntos que merman  la moral de la judicatura que en el momento actual está más baja que nunca . Jamás he visto está desazón entre los compañeros. No solo en los veteranos.

 

Pues sí, las condiciones laborales no solo se limitan a las retribuciones. Resulta muy duro desempeñar tu labor en un juzgado completamente colapsado al que llegaste con muchas ganas y al que después de 15, 20 o más años te mantienes encadenado por las casi nulas posibilidades de promoción. Las plazas de las Audiencias y Tribunales Superiores son pocas y también están soportando cargas de trabajo inverosímiles aunque aquí el daño es menor porque el retraso lo acumula el órgano colegiado no los  magistrados. Estos pueden sobrevivir cumpliendo el número de ponencias asignadas, también superiores a los módulos fijados. ¿Qué pasaría si estos magistrados se limitaran a cumplir los módulos reduciendo el número de ponencias?. No se crean las plazas necesarias y tampoco se producen vacantes. Permitidme que insista en esta idea;  a alguien se le ocurrió la idea de jubilarnos voluntariamente a los 72 años, cosa que se aceptó como un beneficio pues de todos es sabido que aunque la pensión que te pueda corresponder sea la máxima, la reducción del sueldo es importantísima y la vida si entra un solo sueldo en casa y todavía no has conseguido que tus hijos emprendan su propio  camino, se pone muy complicada después de haber estado toda tu vida trabajando. Lo cierto es que nos encontramos con compañeros muy mayores, algunos en perfectas condiciones sobre los que no tengo nada que decir,  pero otros no tanto y a los que se les exige que rindan como un joven de 30 o 40 años, provocándose situaciones a veces dramáticas y otras esperpénticas  de resistencia a la jubilación a base de bajas por enfermedad que alteran significativamente la vida de los tribunales.

Aunque podríamos decir que todo está inventado y la solución se lograría subiendo los sueldos y creando las plazas suficientes para equipararnos a los jueces europeos, teniendo en toda España unas cifras similares y razonables, parece que estas propuestas son verdaderamente una quimera que si se producen no las veremos los presentes,  por lo que propongo algunas soluciones para su estudio y debate.

 

Deberíamos centrar nuestros esfuerzos en el incremento del pago por la productividad. La pretensión de que nos suban el sueldo, aunque irrenunciable, es sumamente complicada por el efecto dominó que se origina en otros cuerpos de la Administración. El incremento de la productividad si es viable siempre que se determinen las cantidades justas. El actual sistema debe ser sustituido por otro en el que se valoren las resoluciones adecuadamente. Comentábamos que con el sistema actual cuantas más sentencias se dictan menos se valoran  pues la cantidad que se paga  es la misma.

Para ello la determinación de los módulos es fundamental pues es la referencia que determina la planta judicial y la creación de nuevas plazas. Solo así es posible eliminar las influencias políticas de algunos territorios que pese a tener menos asuntos cuentan con más juzgados. Son pocos los  lugares o jurisdicciones concretas en los que la justicia funciona razonablemente bien y los jueces tienen un trabajo adecuado. Atención , no se trata de eliminar jueces de estos lugares sino de que todos estemos en las mismas condiciones.

Una vez determinados los módulos el siguiente paso es fijar un porcentaje de superación del mismo que de derecho al cobro por productividad. En la actualidad es el 120 por ciento. ¿Por qué no el 111 o el 106  por ciento? No lo sé ni lo entiendo . A partir de aquí debería cobrarse por cada  resolución, bien  auto o sentencia no con una cantidad fija con independencia del número de resoluciones que se dicten. Este es el verdadero caballo de batalla: ¿cómo se valora nuestro trabajo? ¿Cuánto vale una sentencia?.

Tenemos algunas referencias interesantes para ilustrar la cuestión así,  un abogado de oficio puede cobrar entre los 106 euros en Andalucía a los 311 euros  en el País Vasco por cada caso. Si partimos de la cantidad más baja el dictado de 13 sentencias (1378 euros) sería equivalente al pago que se nos realiza en el mejor de los casos cada seis meses por la productividad actual en el primer grupo, por lo que puede verse que la diferencia es muy notable. Es perfectamente defendible ante cualquier instancia y ante la opinión pública que un juez cobre por resolver un caso como mínimo lo que se le abona a un abogado de oficio en el sitio donde menos se le abona. No puede existir ningún argumento en contra. Los jueces ya cobran su sueldo por su trabajo diario pero estamos hablando de la productividad, es un esfuerzo complementario tras cumplir con tu cometido. El propio Consejo empieza a admitir de facto lo inadecuado del actual sistema poniendo en marcha planes de “autorefuerzo” por objetivos de forma limitada a jurisdicciones concretas y por tipos de asuntos que considera prioritarios. Quizás es el momento de que se afronte la tasa de congestión de una manera verdaderamente eficaz.

 

Esta concreción de las cantidades por resolución podría tener un efecto muy interesante en la carrera además de la retribución justa. La propuesta es que el magistrado pudiera jubilarse parcialmente a partir de una determinada edad o tiempo trabajado. Crear una especie de reserva activa en la que los magistrados jubilados pudieran seguir dictando resoluciones en la medida de sus posiblidades  y cobrando por ellas. Realizando tareas de apoyo a los órganos judiciales que podrían así solucionar el tremendo número de asuntos pendientes que tampoco se tienen en cuenta a la hora de planificar. No es suficiente tener presente únicamente la entrada de asuntos, también hay que tener en cuenta los asuntos pendientes de resolver. Estos magistrados podrían seguir trabajando sin tanta presión y estrés aumentando la calidad de la Justicia frente a la cantidad, aportando  su experiencia y complementando su pensión, abriendo la posibilidad de promoción a esos cargos a otros compañeros que no pueden hacerlo hoy día por falta de plazas en muchos órganos colegiados.

No estamos hablando de cantidades desorbitadas, simplemente basta comparar lo que gastó el Ministerio de Justicia en el turno de oficio en 2019  que podría equivaler a casi tres millones de sentencias o  el presupuesto de algún club de fútbol no demasiado importante,

La Justicia está enferma pero se puede curar con el tratamiento adecuado.

 

José María Páez Martínez-Virel

Juez Decano de Málaga

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