Ni “light” ni desmemoriados. Más becas y mejores condiciones profesionales._Por Alfonso Peralta Gutiérrez

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Ni “light” ni desmemoriados. Más becas y mejores condiciones profesionales.

Jueces, fiscales, inspectores de Trabajo, Hacienda, notarios y registradores opinan sobre la reforma de oposiciones.

 

Hace casi justo un mes, el pasado 26 de mayo, el Ministro de Política Territorial y Función Pública anunció la reforma del sistema de oposiciones en la Administración General del Estado, lo que los medios de comunicación han calificado como “oposiciones light” y consistente en gran medida en “reducir el peso de la carga memorística” y “primar aptitudes como asertividad, creatividad, empatía, resolución de problemas, flexibilidad y adaptación.”. Las justificaciones serían la necesidad de captar talento y cubrir gran cantidad de vacantes en los próximos años debido a jubilaciones, hacer más atractiva la carrera de funcionario y «flexibilizar» las pruebas de acceso.

A pesar de que los jueces y magistrados no nos regimos por el Estatuto Básico del Empleado Público, no obstante es interesante conocer hacia dónde pueden ir las posibles reformas del sistema de oposiciones, a la vista de que creo que se puede afirmar sin error, que quizás las oposiciones a judicatura sean de todas las existentes las más cuestionadas y sobre  la que más se hayan difundido bulos y “fake news”, Hasta ahora era puede y aquella la única en la que se mostraba un interés en su reforma.

El documento “Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado” supone un proyecto en líneas generales, apoyado en paneles, debates y talleres que dan una cobertura científica al tabú de reformar una institución española como son las oposiciones, que tienen una alta aceptación, confianza y legitimación social. Se presentan una serie de justificaciones al respecto y se dibuja un cierto cronograma.

Creemos que lo primero que hay que tener en cuenta en una reforma de este tipo es la opinión de los profesionales y las asociaciones que principalmente los representan. Por eso, hemos querido preguntar a un fiscal, una inspectora de Trabajo, una inspectora de Hacienda, un notario y una registradora su opinión al respecto junto con la de nuestra Portavoz.

Para ello agradezco el colaborar para este artículo a Miguel Rodríguez Marcos, Vicepresidente de la Asociación de Fiscales; Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social; Ana de la Herrán, Vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda; Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores de Andalucía Oriental;  Jorge Díaz Cadórniga, delegado del Colegio Notarial de Andalucía en Urbanismo y Ordenación del Territorio y María Jesús del Barco, nuestra portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

A todos ellos les hemos formulado las mismas preguntas para intentar sacar conclusiones sobre esta propuesta de reforma y sobre el proceso de oposiciones en distintos altos cuerpos funcionariales.

 

1.- ¿En qué consiste vuestra oposición? ¿Tenéis algún tipo de becas o ayudas para su preparación?

 

  1. A) Miguel Rodríguez Marcos, Vicepresidente de la Asociación de Fiscales:

Las oposiciones para ser Fiscal son exactamente las mismas que para ser Juez, popularmente conocidas como “judicaturas”. Una vez que apruebas, eliges si quieres ser Juez o Fiscal.

Nuestra oposición consiste en la superación de una parte teórica y una práctica. La teórica consiste en la superación de tres ejercicios; uno primero tipo test, y a continuación dos exámenes orales, cada uno de éstos abarca una mitad del temario. A continuación, y una vez superada la parte teórica, en el caso de los Fiscales, tenemos que superar la fase práctica que tiene lugar en el Centro de Estudios Jurídicos en Madrid y que incluye además una parte de prácticas en las Fiscalías.

En cuanto a las becas para la preparación de estas oposiciones he de decir que no existe un sistema nacional de becas, lo cual evidentemente es una carencia muy importante de nuestro sistema. Lo que sí existen son sistemas de becas en algunas Comunidades Autónomas, así como becas por parte de algunas asociaciones judiciales como la Asociación Profesional de la Magistratura.

 

  1. B) Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social:

 Este sábado 19 de junio se realizó el primer ejercicio de las oposiciones para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. El proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, por el sistema de acceso libre, consta de dos partes: A)Fase de oposición; B)Fase de curso selectivo.

La fase de oposición consta de cuatro ejercicios, todos ellos eliminatorios.

El primero, un desarrollo, por escrito, durante un plazo máximo de cuatro horas de dos temas sacados a la suerte del temario correspondientes a distintos bloques del temario: Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Tributario y Economía y Contabilidad y Prevención de Riesgos Laborales.

El segundo, una exposición oral, en cincuenta minutos, de cuatro temas sacados a la suerte, dos temas de la primera parte (Derecho del Trabajo, Relaciones laborales individuales y colectivas, Derecho Sindical) y dos temas de la segunda parte (Seguridad Social)

El tercer ejercicio eliminatorio es desarrollo por escrito durante un plazo máximo de cuatro horas, de dos temas sacados a la suerte relativos a Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo y Procedimiento.

Por último, el cuarto ejercicio consistirá en un supuesto práctico en la emisión de un informe o resolución por escrito, durante un plazo máximo de cuatro horas de diversas cuestiones o planteamientos basados en distintos supuestos de inspección y en una prueba de idiomas de traducción escrita sobre inglés, francés o alemán.

Posteriormente, los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios de la fase oposición, una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán realizar y superar un curso selectivo en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tendrá como finalidad primordial la adquisición de conocimientos y habilidades en orden a la preparación específica de los aspirantes para el ejercicio de sus funciones.

No tenemos becas como vosotros, la Asociación Profesional de la Magistratura o recientemente, la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que han convocado unas becas para que los alumnos, puedan estudiar su oposición, recibiendo de manera gratuita una copia del temario elaborado por la Asociación de Letrados de la Seguridad Social y la designación de una persona preparadora.

Desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social estamos estudiando estas becas convocadas por la Asociación Profesional del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y consideramos acertado que desde la Administración Pública se oferten becas para que todos los estudiantes puedan acceder a una oposición, ya que, en muchos casos, como en nuestra oposición, es una carrera de fondo, siendo difícil compatibilizarlo con un trabajo, por el esfuerzo y dedicación que requiere, con una media de 3 a 4 años de estudio y con una jornada de estudio de 8 horas diarias. 

  1. C) Ana de la Herrán, Vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda:

 Nuestra oposición consiste en cinco ejercicios obligatorios y eliminatorios, distribuidos en, aproximadamente en un año. El primero son 14 preguntas cortas de de derecho civil y mercantil, de

economía general y economía de la empresa, un segundo ejercicio práctico de contabilidad y matemáticas financieras, a realizar en un período de cuatro horas en el cual una parte consta de una traducción de entre inglés, alemán o francés. Un tercer ejercicio que consiste en la resolución de un supuesto práctico profesional que implicará la formulación de observaciones, opinión o dictamen referido al caso en relación a aspectos jurídicos y/o contables relativos al temario de la oposición y con una parte consistente en traducción extranjera de un texto, ejercicios de comprensión y expresión escrita, vocabulario y gramática.

El cuarto y quinto ejercicios son exposiciones orales en sesión pública y durante un tiempo máximo de sesenta y cuarenta y cinco minutos, de cuatro temas extraídos al azar, entre materias de Derecho constitucional y administrativo (2 temas), Hacienda pública (1 tema) y Sistema Financiero Español (1 tema) en el primero y en el segundo de Sistema Fiscal Español (Parte general, procedimientos tributarios y un tema de parte especial).

Con respecto a la concesión de algún tipo de becas, en el turno de promoción interna, los aspirantes que hayan superado el tercer ejercicio tienen derecho a tres meses de permiso de estudio, durante los cuales no pierden sus derechos retributivos y, además, el Instituto de Estudios Fiscales asume el costo de la preparación. Este derecho sólo puede disfrutarse una vez por aspirante.

 

  1. D) Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores de Andalucía Oriental:

 El sistema de acceso por oposición es un sistema objetivo. Permite que cualquiera pueda acceder a las profesiones jurídicas citadas, pero también a otras muchas. El Colegio de Registradores además, tiene un buen número de academias de preparación de oposiciones, y un sistema de becas para los alumnos que, acreditando el rendimiento en las oposiciones, deseen hacer uso de ellas. Se modifican los programas de oposiciones cada cierto tiempo para adaptarlos a las materias más actuales,y para introducir contenidos, pero una cosa es actualizar las materias y otra poner en duda el sistema. El sistema de oposiciones es un sistema objetivo, y mide parámetros de conocimiento teórico, aunque también existen dos ejercicios prácticos que permiten evaluar el conocimiento práctico en cierto modo. A lo largo de la vida profesional, el funcionario (como cualquier otro profesional) va adquiriendo y acumulando experiencias, intuición, habilidad, y lo deseable es que ello le enriquezca. En el momento de acceder, en la gran mayoría de los casos estamos hablando de jóvenes juristas que no deben tener otra cosa que conocimientos y herramientas para poder ponerlos en práctica. Y la forma de evaluarlos, debe ser la más aséptica, independiente y objetiva posible. Más aún en el caso de los jueces que, además, son una institución cuya independencia está garantizada constitucionalmente, y uno de los tres poderes que existen en un Estado de Derecho, caracterizado por la separación de los mismos. La independencia judicial ha de preservarse desde el momento del acceso de los jueces. Cuestionar el sistema de acceso puede, desde ese punto de vista, tener unas consecuencias gravísimas si lo que se pretende es introducir elementos subjetivos que puedan poder en peligro esa independencia.

  1. E) Jorge Díaz Cadórniga, delegado del Colegio Notarial de Andalucía en Urbanismo y Ordenación del Territorio.

 La oposición al título de notario se compone de cuatro ejercicios: El primer ejercicio consiste en la realización de un examen oral de una hora donde se extraen 4 temas al azar, tres de Derecho Civil (un tema de cada parte) y otro de Derecho Fiscal.

En el segundo ejercicio han de extraerse seis temas al azar, dos de Derecho Mercantil, otros dos de Derecho Hipotecario, otro de Derecho Notarial, y el último que contendrá alguno de los temas de Derecho Procesal o Administrativo.

Se dispone de una hora para la exposición de dichos 6 temas.

En estos dos primeros ejercicios ha de demostrarse el dominio de las materias cuyo conocimiento y aplicación se consideran necesarios para ser notario, al conferirle la especialización que exige el ejercicio de la profesión.

Comprenden estas materias tanto el derecho positivo vigente, como la jurisprudencia y resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en adelante DGSJFP (anterior Dirección General de los Registros y del Notariado), así como de la doctrina existente en dichas ramas del Derecho.

Superados ambos ejercicios, se pasa al tercer ejercicio, para el cual se dispone de un tiempo máximo de seis horas, el opositor ha de redactar un dictamen sobre un tema de Derecho Civil Español, Común y Foral, Derecho Mercantil, Derecho Hipotecario o Notarial, de entre los formulados por el tribunal reservadamente.

Una vez aprobado el tercer ejercicio, deberá realizarse el cuarto y último consistente en durante seis horas, redactar una escritura notarial y realizarse la liquidación del impuesto que corresponda a la escritura redactada. Y en la segunda se resolverá un supuesto de contabilidad y matemática financiera sobre las materias contenidas en el programa de la oposición.

Por tanto, para aprobar la oposición al título de notario, se requieren tanto los conocimientos teóricos que garantizan los dos primeros ejercicios, como los necesarios para su aplicación práctica, que aportan el tercer y cuarto ejercicio, siendo imprescindible para poder superar estos dos últimos, tener un dominio pleno de las materias contenidas en el programa.

En la mayor parte de las academias de opositores a cargo de notarios la preparación es gratuita, puesto que los notarios preparadores realizan la función docente de forma altruista, sin retribución alguna, por tanto. No obstante el opositor contrae una obligación moral, que es estrictamente cumplida, consistente en que una vez superada la oposición, no percibirá retribución alguna por la preparación de opositores.

Por otra parte, siendo conscientes de que hay opositores a quienes su situación económica familiar les dificulta la dedicación exclusiva al estudio sin compatibilizar con una actividad laboral, los Colegios Notariales disponen de ayudas destinadas a aquellos alumnos que acrediten tal situación económica, exigiéndoles además un informe del preparador del cual resulte contrastada su dedicación al estudio de la oposición.

Esta gratuidad, unida a la existencia de tales ayudas, hace posible que la profesión notarial sea accesible a cualquier persona, con independencia de su situación social y económica.

  1. F) María Jesús del Barco, nuestra portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Las oposiciones para ser juez o fiscal se trata de las mismas y según la nota obtenida se procede a elegir carrera. Consisten en un examen tipo test con 100 preguntas tipo MIR y dos exámenes orales consistentes en exponer 5 temas en una hora ante el Tribunal Supremo del temario consistentes en Derecho Constitucional, Civil y Penal el primer oral y Procesal Civil, Procesal Penal, Administrativo, Social y Mercantil, el segundo. En él, como miembro de tribunal, no sólo se valora la literalidad de la norma sino también la conexión con instituciones jurídicos e interrelación entre los temas, la exposición con claridad, fluidez y templanza, la ordenada utilización del tiempo y la corrección jurídica en la expresión. Aprobar una oposición no sólo es memoria, requiere autocontrol, capacidad de sacrificio, paciencia, expresión oral, capacidad de síntesis, manejo de la presión, etc. Para saber buscar la solución a un problema en una norma se requiere saber qué norma es y que ésta existe, para eso antes hay que haberla estudiado. Y no podemos olvidar, que ser juez también se requiere un año de Escuela Judicial donde los jueces en prácticas realizan estancias, seminarios, simulaciones, se resuelven casos prácticos y reciben formación en idiomas o cooperación internacional junto con otro año de prácticas en juzgados de distintos órdenes con magistrados tutores. Todo ello se evalúa.

APM hemos sido los pioneros en becas para opositores desde 2016 después de que se suprimieran las ayudas públicas por el Ministerio de Justicia. Con la colaboración de Banco Santander nuestra asociación apoya a sufragar parte del gastos que supone opositar para que todos aquellos opositores que quieran ser jueces, puedan conseguirlo. Estamos muy orgullosos de que varias becadas nuestras ya sean juezas.

2.-Dice el Ministro Iceta que las oposiciones no son atractivas, pero en la mayoría hay más candidatos que nunca debido a la precariedad laboral y el alto desempleo, y parece que se quieren reformar y hacerlas más “light”, con menos exigencia y menor nivel, ¿qué opinas al respecto? ¿crees que hay igualdad, mérito y capacidad? ¿habéis notado que en las vuestras baje la demanda de candidatos?

  1. A) Miguel Rodríguez Marcos, Vicepresidente de la Asociación de Fiscales:

 La noticia relativa al anuncio del Ministro Iceta de una posible reforma del actual sistema de oposiciones la he recibido con una profunda decepción, sentimiento que es compartido por la Ejecutiva de mi Asociación, la Asociación de Fiscales.

En primer lugar, por una evidente falta de rigor, porque se limitó a criticar la excesiva “memorización” en estas oposiciones, sin argumentar qué tiene de malo el ejercicio memorístico en la preparación de unas oposiciones así como por no anunciar cuál o cuáles son sus alternativas en concreto.

En segundo lugar, porque parte de una premisa falsa, cual es que estas oposiciones no son atractivas, cuando en concreto en las oposiciones a Fiscales y Jueces se presentaron en la última convocatoria más de 4.000 aspirantes para un total de 300 plazas, dándose, además la circunstancia, de que cada año aumenta el número de candidatos. De tal manera que al partir de una premisa falsa, la necesidad en sí de modificar el actual sistema para conseguir una mayor “atractivo” en estas oposiciones es innecesaria.

En tercer lugar, porque siempre he defendido, y desde la Asociación de Fiscales tenemos el convencimiento de que es un sentimiento generalizado, que el actual sistema de acceso a Fiscal o Juez es el mejor de los posibles. Ello quiere decir que el sistema es mejorable, por supuesto, pero el mejor porque se garantiza la igualdad de oportunidades de todos los candidatos y se blinda la superación de las oposiciones de cualquier tipo de injerencia o arbitrariedad. El examen tipo de test de carácter eliminatorio es objetivo, pasan aquéllos que alcancen el corte. A continuación, los exámenes orales se superan cuando se alcanza la nota mínima dada por el tribunal calificador compuesto por profesionales de la máxima categoría y estableciéndose mecanismos adicionales que garantizan la pulcritud absoluta del sistema como, por ejemplo y entre otros, eliminar la nota más alta y la más baja de cada tribunal a la hora de hacer la media del examen de cada opositor. Por contra, otros sistemas como los ejercicios de tipo práctico o los exámenes psicotécnicos dan lugar a apreciaciones subjetivas en la valoración de las cualidades del opositor que se alejan muchísimo del grado de objetividad que alcanza el actual sistema.

Por otro lado, me entristece profundamente la degradación gratuita y habitual que se viene haciendo en determinados foros de la importancia de la memorización en la superación de oposiciones. La memorización prima y recompensa el esfuerzo y el sacrificio, valores muy importantes para el futuro profesional de los aspirantes que no sólo deberían ser mantenidos sino, en lo posible, potenciados.

  1. B) Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social:

No coincido con el Ministro Iceta al afirmar que las oposiciones no son atractivas, no se pueden hacer más atractivas las oposiciones, a través de una reforma que las haga más “light”, lo que se necesita es por un lado, mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios para animar a los futuros opositores y por otra dar una estabilidad al temario y tipo de examen.

Todas las personas que hemos opositado, a Jueces, Fiscales, Inspectores de Hacienda, Abogados del Estado…, hemos dedicado dos, tres o más años a estudiar las oposiciones, con una media de estudio de 8 horas diarias, no sabiendo si llegado el día, íbamos a aprobar los exámenes y si las dejábamos, partíamos de cero, sin tener un documento que acreditase el tiempo que habíamos invertido estudiando, con exámenes incluso a veces aprobados. Es un proceso duro, una carrera de fondo… los opositores necesitan y necesitamos saber que ese tiempo invertido merecerá la pena, que conseguiremos mejores condiciones de trabajo, que su esfuerzo en definitiva se verá recompensado…

En los últimos años, hemos visto cambios de temario, tipo de ejercicios, que no ayudan a la estabilidad de la oposición, siendo muy importante para el opositor que se enfrenta a una media de estudio de 3 o más años, cuanto más estable sea el temario y el tipo de examen mejor. Creo que podría por ejemplo convalidarse si el estudiante aprueba determinados ejercicios con un título que después le permitiera buscar empleo, por ejemplo, si aprobase el ejercicio de trabajo, seguridad social, prevención de riesgos laborales…

Además, el proceso selectivo para ser funcionario de la Administración Pública debe ser riguroso con los principios de igualdad, mérito y capacidad señalados en el artículo 103 de la Constitución Española, debiendo la Administración Pública garantizar con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

En base a estos principios, la Administración tiene la obligación de prestar el mejor servicio a los ciudadanos, contando con los recursos necesarios, entre los que se encuentra, contar con el personal más capacitado para prestar dichas funciones. Hacer unas oposiciones “light”, sería un profundo error y una irresponsabilidad a presente y a futuro de la prestación del servicio público, que es y debe ser realizado con el mayor rigor, calidad y con pleno sometimiento a la ley y al Derecho.

  1. C) Ana de la Herrán, Vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda:

Nuestra opinión deriva del estudio y análisis de los datos de los últimos diez años. Efectivamente, hemos comprobado cómo, en épocas en las que la OEP se redujo drásticamente, el número de opositores también cayó. No obstante, en las últimas cinco convocatorias (contando la reciente de 2021) se han producido un incremento que alcanza a más del doble del número de opositores interesados y que firman nuestras oposiciones.

Si bien es cierto que ese crecimiento, que ya nos parece importantísimo, no se corresponde con el número de vacantes, que ha crecido mucho más del doble, entendemos que de ello no puede extraerse la simple y equivocada conclusión de que hay falta de interés. Por lo tanto, es lógico que, teniendo en cuenta que se trata de una oposición que se prepara en un periodo de tiempo que puede oscilar entre dos-cinco años, es normal que hayan quedado algunas vacantes sin cubrir en las últimas convocatorias sin que ello se traduzca, sin más, en la falta de atractivo que tiene este cuerpo.

Todo lo contrario, si la OEP fuera estable, algo que llevamos años demandando, la estabilidad de ese cuerpo opositor, que ya se ha conseguido después de años de reducciones, garantizaría, sin duda, la práctica cobertura, sino total, de la mayoría de las plazas convocadas, algo que, por cierto, sí ocurre en otros cuerpos que se presumen como de mayor dificultad que la nuestra.

Lo que también advertimos es que, en ningún caso, con cualquier reforma que se haga puede reducirse el nivel de la preparación, dado que el trabajo que vamos a afrontar es de una dificultad cada vez mayor (el mundo fiscal está en un proceso de cambio constante y los retos en este sentido son enormes), por lo que rebajar esos niveles conllevaría, sin duda, no sólo una reducción en la calidad del servicio público que presta este Cuerpo a los ciudadanos, (Cuerpo adscrito a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero que desempeña importantes labores, además, en otros destinos del Ministerio de Hacienda tan importantes para el ciudadano como la Dirección General de Tributos o los Tribunales Económico-administrativos), sino también, lo más probable, una pérdida de la recaudación tributaria con gravísimas consecuencias para el sostenimiento de los gastos públicos.

  1. D) Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores de Andalucía Oriental:

 He leído las orientaciones estratégicas para actualizar los procesos selectivos de la Administración General del Estado presentadas en mayo, y en principio parece que se busca agilizar los procesos selectivos y textualmente para “atraer talento al empleo público y garantizar a la ciudadanía la prestación de servicios públicos de calidad”. Estos, de entrada, son objetivos muy bienintencionados. Nadie puede estar en desacuerdo con estas premisas, y con otras como la “adaptación de los procesos selectivos a la nueva realidad social, tecnológica y educativa”. Es cierto que hay consenso en que los procesos selectivos han de adaptarse a las exigencias de los servicios públicos que se prestan, y precisamente en el debate están la introducción de temas relacionados con las nuevas tecnologías y los idiomas. La realidad es que nos movemos en una sociedad cada vez más exigente y compleja, y de lo que trata es que los funcionarios públicos estén a la altura de esa complejidad y de esa globalización, paralelamente al mercado laboral del sector privado. Obviamente, dentro de la Administración hay una multitud de procesos selectivos y entiendo que la preparación exigida a cada grupo de funcionarios no puede ser la misma, pero aún así, esto no cambia que el ciudadano sea cada día más exigente con los servicios públicos y con quienes los prestan. Entiendo necesaria una adaptación en las exigencias pero no una relajación de las mismas o en nivel de conocimientos, y mucho menos en la transparencia o en la objetividad de los criterios utilizados en los procesos selectivos. Más bien al contrario.

  1. E) Jorge Díaz Cadórniga, delegado del Colegio Notarial de Andalucía en Urbanismo y Ordenación del Territorio.

 El ejercicio práctico de la profesión notarial exige el total dominio de las materias que se integran en el programa, un dominio que únicamente puede lograrse mediante el estudio intenso y exhaustivo, pues solo de este modo es posible el pleno conocimiento del derecho vigente y su aplicación jurisprudencias, que consideramos imprescindibles para que la seguridad jurídica preventiva quede plenamente garantizada mediante la intervención notarial.

Además, el ejercicio profesional requiere una formación continua debido a la constante evolución legislativa y jurisprudencial, tanto nacional como autonómica. A ello hay que añadir la doctrina emanada de las incesantes resoluciones de la DGSJFP y resoluciones de otros órganos administrativos (Tribunal Económico Administrativo Central, Resoluciones de la Dirección General de Tributos, …). Esta actualización continua hace imprescindible disponer de un pleno dominio de la materias que son base de las ramas del derecho que ha de conocer el notario, pues de otro modo no sería posible esa conseguir tal actualización en la formación notarial. Hasta tal punto ello es así que existe en el seno del notariado una oposición interna, con un programa muy complejo, en el cual se hace una prueba entre los notarios que tienen una mayor actualización formativa.

Por otra parte, el notario a su vez ha de llevar a cabo una labor formativa de los empleados a su cargo, lo cual requiere, evidentemente, disponer de un dominio total de las materias con las que ha de realizar tal formación.

Entendemos que la seguridad jurídica preventiva que garantiza el notario y que protege a los ciudadanos evitando conflictos, únicamente puede lograrse si el notario dispone a su vez de un pleno conocimiento del Derecho y ello sólo se puede garantizar mediante un sistema de oposiciones como el actual.

El vigente sistema de oposición posibilita por tanto el acceso al notariado de cualquier persona, con independencia de su género y condición social o económica. A este respecto puedo decir que en mi familia no hay ningún antepasado notario; es más, en cuanto a los opositores y opositoras que prepararon conmigo en la Academia de Santiago de Compostela, no había ninguno que tuviera familiares notarios.

En relación a la bajada o aumento en los candidatos, estamos notando el fenómeno inverso, puesto que en la última oposición se ha incrementado el número de candidatos. Además, otra circunstancia que venimos constatando es el notable aumento en las mujeres aspirantes; es más, en las últimas oposiciones el número de mujeres aprobadas ha venido superando al de los hombres, lo cual pone de manifiesto que el actual sistema de oposiciones garantiza plenamente la igualdad de acceso para mujeres y hombres. En Andalucía tenemos que destacar a nuestra Decana, Teresa Barea, que además de haber sido una de las mejores opositoras de la historia del notariado, es la mujer más joven que ha accedido al cargo de Decana.

  1. F) María Jesús del Barco, nuestra portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

 Para no ser atractivas, las oposiciones a jueces y fiscales en los últimos tres años tienen más candidatos que nunca en los últimos quince, y el cuerpo de opositores se mantiene estable desde hace más de una década. Y es que a pesar de la creencia popular, cuando se valoran mérito y capacidad de manera igualitaria, más del 70% de los nuevos jueces no tienen familiares relacionados con el derecho y más del 70% son juezas. Y eso sí que atrae. Cuando se proponen oposiciones “light”, ¿qué significa? ¿mayor discrecionalidad en la valoración de una serie de aptitudes apartándose de criterios objetivos, del mérito y la capacidad? ¿de verdad queremos jueces menos preparados? ¿También se va a exigir menos en el MIR y vamos a tener cirujanos mediocres? ¿el ciudadano qué prefiere, mejores o peores servidores públicos?

  1. ¿ La reforma de las oposiciones se trata de algo apremiante o tenéis otros problemas más importantes en vuestro cuerpo? En su caso, ¿cuál sería vuestra demanda en este sentido?

 

  1. A) Miguel Rodríguez Marcos, Vicepresidente de la Asociación de Fiscales:

 Sin duda ninguna puedo afirmar que la reforma de nuestro sistema de oposiciones no es ninguna necesidad actualmente. Es un sistema que lleva funcionando desde hace muchos años con gran eficiencia. Por contra, desde la Carrera Fiscal sí contamos con otro tipo de demandas que desde la Asociación de Fiscales llevamos años reclamando para un mejor desempeño de nuestras funciones, como por ejemplo el aumento de la plantilla y especialmente de plazas de 2ª categoría, la eliminación del grupo 5º de población, la necesidad de autonomía presupuestaria, la creación de una Escuela única para Fiscales o bien compartida con los Jueces en la Escuela Judicial, la modificación del actual sistema de retribuciones variables o productividad, la reforma de nuestro Estatuto Orgánico para aumentar las competencias del Consejo Fiscal o para regular las competencias del Fiscal General del Estado así como sus causas de abstención, la modificación de la duración del mandato del Fiscal General del Estado así como hacer que no cese con el Gobierno que lo propone….

  1. B) Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social:

 No creo que la reforma de nuestras oposiciones sea apremiante, pero si es necesario y urgente mejorar las condiciones de trabajo.

La ratio de opositores aspirantes por cada plaza convocada no ha dejado de descender hasta niveles muy preocupantes: si hace años podíamos hablar de una ratio de 20 aspirantes por plaza, en los últimos años este dato no deja de descender: 9 opositores por plaza en 2015, 7 en 2016, 6,5 en 2017… En la convocatoria de 2018 en la que prácticamente se duplicaron las plazas convocadas respecto a lo habitual en los últimos años la ratio fue de 4,5 opositores por plaza. Una proporción muy baja para una oposición de tan largo recorrido.En los últimos años se están quedando sin cubrir una media del 25% de las plazas convocadas, porcentaje que se superó en la última convocatoria, donde de 92 plazas ofertadas sólo se cubrieron 34 plazas y ello sólo tiene una explicación: no se trata de una oposición atractiva por las deficientes condiciones laborales en comparación con las de otros Cuerpos de la administración con un nivel de dificultad similar.

Descartada la posibilidad de reducir el temario y la dificultad de la oposición (pues a nuestro juicio la gran amplitud de competencias y responsabilidades que conllevan nuestras funciones lo harían temerario y contraproducente), estimamos imprescindible una mejora en nuestras condiciones que hagan atractivo para el estudiante hacer el esfuerzo.

Merece la pena opositar, pero también merece la pena que desde la Administración Pública cuiden el sistema de las oposiciones para garantizar hoy y mañana a todos los ciudadanos, un servicio con la máxima calidad.

  1. C) Ana de la Herrán, Vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda:

Por supuesto, llevamos años demandando soluciones a problemas que vienen de lejos:

– Falta de carrera administrativa en algunos órganos, como son la Dirección General de Tributos o los Tribunales Económico-administrativos

– Falta de concursos que llevan ya años esperándose

– Falta de un Estatuto del Directivo Público

– Falta de un sistema adecuado de evaluación por desempeño

– Falta de adecuación del baremo en los objetivos de la AEAT

Nuestras demandas se han centrado en lo indicado anteriormente y, en cuanto al sistema de selección, no teníamos ningún tipo de problema, objeción o demanda por parte de ningún miembro del colectivo hasta que se ha generado esta “aparente problema”, en cuyas propuestas de soluciones no se nos ha dado ni voz ni voto como asociación que aglutina y representa a la mayor parte de nuestro colectivo.

Nuestra propuesta en materia de proceso selectivo es el mantenimiento del sistema actual que combina, de manera muy equilibrada, pruebas teóricas con prácticas.

En su caso, y en esta materia de proceso selectivo, podríamos plantear la sustitución de la prueba de nivel de inglés por una certificación oficial de nivel, y, por supuesto, la parte más importante que es la Escuela de Hacienda que tenemos después de aprobada la oposición, podría seguir reforzándose, como lo ha hecho estos años, en materias transversales tales como la informática, el manejo de bases de datos, la formación en valores de deontología profesional, así como en materia de dirección pública (formación directiva y trabajo en equipo) y en competencias de idiomas.

Finalmente, y no por ello menos importante, también llevamos tiempo demandando algo tan fundamental en este campo como es la publicidad, adecuadamente organizada por los correspondientes ministerios, de los procesos selectivos. Hasta ahora sólo algunas acciones muy parciales y poco coordinadas se han implementado en este sentido, sin que ningún ministerio haya manifestado algún interés adicional por reforzar estas labores de márquetin,  no sólo a través de los canales habituales de comunicación sino, también, a través del uso de las redes sociales, que son los instrumentos que los más jóvenes utilizan hoy día para comunicarse.

  1. D) Rosario Jiménez Rubio, Decana Territorial del Colegio de Registradores de Andalucía Oriental:

 Las oposiciones al Cuerpo de Registradores han ido adaptando su programa, y recientemente (en julio de 2015) se han adaptado muchos de los temas del primer y segundo ejercicio teórico (en nuestra oposición hay dos ejercicios teóricos y dos prácticos) para actualizar temas, redefinirlos, e priorizar instituciones más actuales. En nuestros debates sobre los conocimientos requeridos siempre se encuentra la cuestión de los idiomas, que a la mayoría nos parece importantísima, o el mayor conocimiento de derecho comparado. Pero en todo caso, en hipótesis y como exigencias añadidas. La fórmula de evaluación, la oposición pública y libre, es por otro lado, es una garantía de la imparcialidad del tribunal (formado por siete juristas de prestigio), del conocimiento del programa completo y en sus diferentes aspectos (la oposición consta de cuatro ejercicios, dos teóricos orales y dos prácticos escritos), y de la independencia de los aspirantes, que son evaluados por el tribunal en su conjunto. La prioridad para nosotros es contar con aspirantes cada vez más independientes, cualificados, más eficaces y más competitivos con el fin de garantizar un servicio público óptimo.

  1. E) Jorge Díaz Cadórniga, delegado del Colegio Notarial de Andalucía en Urbanismo y Ordenación del Territorio.

 Existe actualmente un debate abierto sobre la conveniencia de unificar la oposición de acceso a notarías y registros, pues son dos programas con notables similitudes pero no idénticos. De este modo, estableciéndose un programa único, sería posible que los candidatos pudieran presentarse a cualquiera de las dos oposiciones, notarios o registradores. La experiencia de unificación en el programa de jueces y fiscales ha dado resultados muy satisfactorios, humanizando el proceso de selección para los opositores, al disponer de un mayor número de oportunidades. Una pequeña modificación en ambos programas produciría resultados muy positivos.

También se ha debatido recientemente sobre la conveniencia de incluir un idioma en la oposición, por el paulatino incremento en la presencia de extranjeros y de las relaciones transfronterizas. Ahora bien, la introducción de una prueba de idiomas requerirá en todo caso que no se lleve a cabo de forma inmediata, sino como un planteamiento a futuro, a fin de evitar un grave perjuicio para los actuales opositores que llevan mucho tiempo de estudio, con el temario prácticamente dominado, pero que no pertenecen a las más recientes generaciones que ha podido disfrutar de una enseñanza bilingüe desde edades tempranas y que, de introducirse en un breve plazo, les obligaría a abandonar la oposición o a realizar un tremendo esfuerzo para tratar de superar con notables dificultades una prueba de idiomas, como una exigencia adicional al ya exigente estudio del actual programa.

Por otra parte, se ha planteado la creación de una escuela de práctica notarial, a fin de posibilitar a los recién aprobados la familiarización y el dominio de la actividad notarial en la práctica, puesto que esta faceta viene realizándose en la actualidad por el preparador del opositor una vez que éste supera la oposición o, en casos de dificultad geográfica, por un notario de la ciudad o localidad más cercana.

Por último, reseñar que en alguna ocasión se ha debatido sobre la configuración actual de oposición, si bien la conclusión a que se ha llegado es que, cualquier modificación que pueda realizarse ha de mantener la base del sistema actual, por la ya comentada exigencia del dominio en todas las ramas del Derecho contenidas en el actual programa como requisito necesario para el acceso a la oposición.

  1. F) María Jesús del Barco, nuestra portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.

 En Justicia tenemos decenas de problemas acuciantes y mucho más urgentes que llevamos décadas reclamando su reforma como el sistema de nombramiento del CGPJ que está bloqueado desde hace 2 años, medidas de agilización procesal, reformas legales, modificación de la planta, aumento de personal y medios materiales, aumento de jueces, o una verdadera justicia digital. El interés político en no reformar el sistema de elección del CGPJ y no dejarnos votar a los jueces, se plasma en la propuesta de reforma de las oposiciones puesto que parece que lo único que les preocupa es que quien se estudia los temas, aprueba, y quien no se lo sabe, no pasa.

Reclamamos un sistema público de becas para opositores como llevamos haciendo desde 2016 APM y que se eliminó, es la necesidad más importante. Se puede hablar de buscar mejoras para nuestras oposiciones como grabación de exámenes, preguntas de reserva, convalidación de exámenes aprobados con el máster de la abogacía, un dictamen por escrito, o reconfigurar el tiempo de Escuela Judicial y el de prácticas pero cualquier reforma tiene que venir con un período de carencia de mínimo 5-7 años porque hay más de 4000 opositores a los que no se les pueden cambiar las reglas de juego de un día para otro. Cualquier otra reforma del sistema no puede ser exclusiva sólo para jueces pues revelaría únicamente un exclusivo interés político y se ha de pensar en la formación universitaria con la que a día de hoy salen nuestros graduados y la imposibilidad de ejercer sin más formación una profesión como juez nada más graduarse.

Conclusiones:

 En primer lugar, hemos de resaltar que las distintas oposiciones relatadas tienen no únicamente un componente teórico o memorístico, sino que en todas ellas se evalúa de una u otra manera un elemento práctico, de razonamiento y deductivo, ya sea a través de test, dictámenes, casos prácticos, o período de formación en escuelas. En todas ellas se busca no sólo un perfecto conocimiento de las instituciones jurídicas, sino que además se evalúan aptitudes como razonamiento, lógica, deducción, la conexión con jurisprudencia e interrelaciones, expresión oral en la exposición ordenada, capacidad de síntesis y habilidades personales como capacidad de sacrificio, paciencia, vocación de servicio y trabajo bajo presión.

Cuando se denostan las pruebas memorísticas habría que explicar cómo se va a saber dónde acudir o qué buscar si no se sabe que ese algo existe o dónde está. Y en cuanto a la evaluación de las soft skills como la empatía, la creatividad o la adaptación es cuestionable su fiabilidad, validez, eficacia y puede aumentar la discrecionalidad en la evaluación dejando de lado la objetividad, imparcialidad e igualdad. Basta pensar en los test psicotécnicos en España ¿cumplen su función?. Recientes sentencias además cuestionan delegar la decisión en una empresa externa, ajena a la administración y que no puede ser fiscalizada.

Sin embargo, sí que parece existir una unanimidad: la necesidad las becas para opositores. En judicatura para suplir ese vacío desde APM se otorgan las prestaciones económicas para contribuir a gastos de preparación que deben soportar los opositores a ingreso en la carrera judicial, conforme al Acuerdo de Colaboración entre la Asociación Profesional de la Magistratura y la entidad Banco De Santander pero en otros cuerpos no hay ayudas privadas y en todos se hace necesario cubrir ese vacío.

De igual manera, para cubrir las vacantes y el envejecimiento de plantillas, una buena solución sería convocar más plazas y ampliar convocatorias dentro de planes u OEPs decenales en un Pacto de Estado de tal manera que se de seguridad, estabilidad y uniformidad a los opositores evitando desigualdades entre convocatorias.

Asimismo, jueces, fiscales, notarios, registradores, inspectores de Trabajo o de Hacienda, todos ellos rechazan un relajamiento de las exigencias para acceder a la carrera profesional pues ello implicaría no sólo mucha más dificultad para desenvolverse en profesiones de gran complejidad sino que repercutiría en un peor servicio público a los ciudadanos. Asimismo, parece del todo punto imposible con el actual sistema de formación universitaria una incorporación al desempeño en ciertas profesiones pocos meses después sin la exigencia y formación práctica que otorga el actual sistema.

De igual manera se rechaza totalmente la afirmación de que la función pública deje de ser atractiva para la gente joven pues en todos los procesos analizados el número de candidatos no deja más que aumentar y además, en todos ellos, el número de mujeres que se presentan y que aprueban, es ampliamente superior al de hombres, como sólo hace falta ver en este artículo. Difícilmente la función pública no atrae a los jóvenes, cuando lo cierto es que en el actual contexto de crisis, desempleo y precariedad laboral, el número de candidatos a oposiciones es mayor que nunca y si se desconocen ciertas funciones o empleos en la Administración dudo que sea por falta de ganas de una estabilidad laboral por la juventud española.

No obstante, todos llegan al consenso de que la reforma de las oposiciones no es una necesidad imperiosa, y sin embargo, cada cuerpo profesional tiene numerosas reivindicaciones profesionales, lo que sin embargo, sí puede influir en gran medida en que la Administración no se percibe como buena empleadora, algo que por consiguiente no se debe a las oposiciones sino a otra serie de condiciones y reivindicaciones laborales. De esta manera, quizás el problema no es que las oposiciones supongan un excesivo sacrificio, sino que ese sacrificio cada vez está peor recompensado con mayor carga de trabajo, falta de desarrollo de carrera profesional, disminución de retribuciones respecto al costo de la vida y en definitiva, peores condiciones laborales.

Asimismo, desde años ha, igualmente en la administración pública se da un tratamiento diferenciado en materia de recursos, apoyo o llamamientos al cupo de personas con discapacidad.

Si se analiza la edad media al alza de los empleados públicos, es correlativa a la edad media de los españoles que no hace más que subir. Una diferencia de pocos años superior no parece en exceso preocupante y una veintena de cuerpos y escalas con una tasa muy baja de cobertura difícilmente justifica por sí una reforma, ¿cuántos cuerpos y escalas hay en la Administración con gran número de vacantes? ¿No sería más fácil publicitar esa veintena con vacantes no cubiertas que reformar todo el sistema afectando a decenas de miles de opositores?

Se deslizan también propuestas interesantes como convalidaciones de exámenes de oposición aprobados con posibles salidas o titulaciones profesionales. Asimismo, los requisitos de idiomas podrían convalidarse por certificados oficiales, y su exigencia como un añadido o durante el período de formación posterior o continúa sería más recomendable que en el momento inicial. Y es que  difícilmente puede pretenderse eliminar barreras u obstáculos a la igualdad incrementando el coste  de opositar provocando que los candidatos tengan que pagarse una academia de idiomas cuando además a partir del EEES, para acceder al grado universitario en muchas universidades españolas se requiere ya acreditar un nivel de inglés de B2.

Hay que reconocer la elevada confianza social en España del sistema de oposiciones, y es que no podemos olvidar que hasta hace poco tiempo, la principal preocupación de la sociedad era la corrupción, y en la crítica pública son recurrentes los casos de nepotismos, clientelismos y nombramientos cuestionados en ciertas administraciones, algo de lo que la Administración General del Estado se libra en gran medida.

Cualquier reforma debe venir de un amplio período de carencia para no dejar abandonados a miles de opositores tras años de esfuerzo y además debería repensarse para todas las oposiciones de Administración en su conjunto.

Sí que creo que se comparte de las Orientaciones publicadas, el que cualquier cambio debe contar con una amplia aceptación y consenso si se quiere que sean estables y duraderos y sobre todo nunca se ha de prescindir de la objetividad, imparcialidad, transparencia, mérito y capacidad.

Alfonso Peralta Gutiérrez

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1

Roquetas de Mar – Almería

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